Carecer de presupuestos para el ejercicio en curso supone lo más parecido a colocar unos grilletes en las manos de un gobierno municipal, cuyo margen de maniobra queda muy limitado. Sin ese plan económico, no puede realizar nuevas obras, pues debe limitarse a los proyectos que figuren en las cuentas prorrogadas que maneje. Su política de "parches" deberá ponerse en práctica mediante modificaciones presupuestarias que amplíen el gasto en algunos proyectos o varíen fondos de un capítulo de gasto a otro. Pero esas operaciones deberán aprobarse en el pleno, lo que, al carecer de apoyos para un nuevo presupuesto, se toparán con difíciles negociaciones.
Así le ocurrió al concello de A Coruña, cuyo gobierno de la Marea Atlántica logró el aval del PSOE a una modificación de 14 millones de euros en el presupuesto prorrogado del año pasado. Tres de esos millones se destinaron a indemnizaciones por un caso de irregularidades urbanísticas vinculado a mandatos anteriores.
Tras seis años
Algunos concellos están ya acostumbrados a una situación de prórroga presupuestaria que expertos como los integrantes del grupo de investigación GEN de la Universidade de Vigo consideran que deberían ser excepcionales. Uno de sus estudios vincula directamente la dificultad para aprobar las cuentas municipales con la fragmentación política. En las localidades más grandes de Galicia el porcentaje de aprobación en el plazo legal pasó del 42% al 14% durante el último mandato.
Gondomar, por ejemplo, afronta el día a día con un presupuesto de 2012 que gestiona un gobierno en minoría de PSOE y Manifesto Miñor tras el adiós de CABE.
Sin embargo, algunos municipios pequeños han visto la luz al final del túnel justo antes de las elecciones. Celanova aprobó en noviembre las cuentas de 2019 tras seis años de prórrogas y Vilardevós lo hizo en abril por primera vez desde el ejercicio 2016.
