Florentino Delgado dejó la Fiscalía de Menores de Ciudad Real en 2004 para ser el máximo responsable del ministerio público en la provincia de Ourense. Es el cargo judicial con mayor antigüedad de Galicia. Ahora, un expediente disciplinario de la Fiscalía General del Estado abierto por la polémica sobre el piso que durante 12 años costeó la Xunta lo aparta de manera provisional. Florentino Delgado defenderá su honor: "Es una decisión desproporcionada y que obedece a intereses que desconozco. Voy a recurrir ante el Ministerio de Justicia y, si es necesario, ante el juzgado del contencioso. Esto solo lo puede arreglar un juez".

El fiscal jefe defiende que el pleito entre el propietario de su vivienda y la Xunta ya ha finalizado y que él ha asumido la renta desde el verano de 2016, cuando la Administración autonómica decidió dejar de sufragar el alquiler de 950 euros mensuales por una vivienda céntrica de 200 metros cuadrados y le comunicó que debía abandonarla. Delgado argumentó que aportó documentación a la Fiscalía General del Estado para demostrar que la situación ya se ha regularizado, y que la demanda entre el dueño y la Xunta será archivada.

"Tengo un contrato de arrendamiento que se retrotrae a 2016 en el que yo me hago responsable. Se ha retirado la demanda del propietario contra la Xunta", afirma.

El decreto de suspensión cautelar acordado por la fiscal general del Estado, María José Segarra, ya le fue notificado a Florentino Delgado. La decisión de relegarlo del cargo se basa en que "la defensa de la imagen y los intereses por los que debe de velar el fiscal", transmite el fiscal jefe, sorprendido por el argumento.

Agradecido por el respaldo que dice haber recibido de sus compañeros, Delgado tiene la convicción de que "debería ser un juez de lo Contencioso-Administrativo el que deshaga todo este lío, porque la Fiscalía General del Estado es quien lo ha liado todo".

La Xunta sufragó el alquiler de su piso desde 2004 a 2016, con una breve interrupción durante el bipartito, y en agosto del último año le requirió que dejara el domicilio. Dos años después, Florentino Delgado firmó una querella por presunto acoso inmobiliario a una nonagenaria contra dos cargos de la consellería de Facenda, una de las cuales -la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, Socorro M.H.- había sido la que comunicó al fiscal que se marchara de la vivienda cuando la Xunta decidió que no pagaría más el alquiler. El fiscal jefe niega que se querellara por acoso inmobiliario condicionado por su asunto personal.

"Han querido relacionarlo con el tema del acoso inmobiliario. No tiene nada que ver la situación de una señora nonagenaria en una casa que es de la Xunta, con un contrato que tenía con la Xunta el propietario de mi vivienda. No hay paralelismo, no conozco absolutamente de nada a esta señora y no sabía quién era dos años después".

Tiene otro expediente abierto por la Fiscalía General en marzo tras las denuncias de los abogados de la exconcejal de Urbanismo de Ourense Áurea Soto (PSdeG-PSOE).