El Ministerio de Sanidad aprobó ayer en el seno el Consejo Interterritorial de Salud, con el apoyo únicamente de nueve comunidades, el plan para mejorar Atención Primaria, que incluye medidas como limitar el cupo de los médicos de familia a 1.500 tarjetas sanitarias antes de 2022, que los pacientes no tengan que esperar más de 48 horas para ir a la consulta del facultativo de cabecera o contratos para los residentes que acaben su formación de al menos dos años de duración. No se especifica, sin embargo, la financiación para llevar a cabo estas medidas. Las comunidades del PP abandonaron la reunión -Galicia ni siquiera se presentó- para mostrar su rechazo a un documento que tachan de "electoralista" y que critican que nace "sin consenso".
El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, excusó su ausencia mediante una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, un día antes en la que mostraba su rechazo al documento propuesto por el ministerio. Tampoco acudió Baleares, aunque, en este caso, por motivos de agenda.
Los gobiernos de Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja y Andalucía no faltaron a la cita del Consejo Interterritorial de Salud pero abandonaron la reunión.También Canarias mostró su disgusto con el plan del ministerio.
La ministra de Sanidad lamentó "profundamente" el rechazo de las comunidades del PP. "La convocatoria electoral no suspende el funcionamiento de las administraciones y no resta un ápice de responsabilidad a quienes tenemos la obligación de mantener el funcionamiento adecuado y la adopción de medidas que correspondan para el buen funcionamiento de los sistemas públicos", enfatizó. A pesar de la falta de consenso, el Ministerio de Sanidad dio luz verde al Marco Estratégico para la Atención Primaria, con el respaldo de las comunidades del PSOE y el País Vasco.
En Galicia la Consellería de Sanidade aclara que al tratarse de un plan estratégico no es de obligado cumplimiento para las comunidades. La Xunta sigue negociando, de hecho, con sindicatos, colegios y sociedades científicas su propia reforma de Atención Primaria.
El documento aprobado ayer por el Consejo Interterritorial de Salud contempla fijar un límite de 1.500 tarjetas por médico de familia y de 1.000 por pediatra antes de 2022. En la comunidad gallega hay 359 facultativos de cabecera que superan ese cupo, según los últimos datos del ministerio. En Galicia la propuesta de la Xunta es distinta: quiere reordenar los cupos de los médicos en función de dolencias y edades de los pacientes.
Sanidad establece que se dé mayor puntuación en los concursos de traslados al tiempo trabajado en Atención Primaria. También plantea un plan de sustituciones con ampliación horaria voluntaria y retribuida, el incremento "a medio plazo" de los presupuestos asignados a Primaria o la creación de las categorías estatutarias de Enfermero Especialista en Enfermería Familiar y en Enfermería Pediátrica. También proponen un contrato para residentes de al menos dos años de duración, frente al año prorrogable a tres que ofrece Galicia.
Las comunidades del PP critican que no se contemple un MIR extraordinario para aumentar los médicos de familia, que no se agilice la acerditación y homologación de títulos especialistas formados en otros países o que no contemplen más financiación.
