Las cuatro comunidades autónomas de la cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco) defenderán una postura unitaria ante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para que beneficie a las explotaciones familiares de pequeño tamaño propias de su mundo rural.
Esta posición común se ha fijado este viernes en Oviedo durante una reunión en la que han participado los responsables de agricultura y ganadería de los cuatro Gobiernos para defender las peculiaridades de sus territorios, especialmente en lo relacionado con la orientación eminentemente ganadera de su sistema productivo.
El conselleiro de Medio Rural, José González, ha agradecido es esfuerzo de Asturias para lograr este documento común asegurando que "la unión hace la fuerza" y por tanto seguirán apostando por esta unión en defensa de los ganaderos y agricultores.
Para la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez, las cuatro comunidades que han suscrito el acuerdo conforman "una unidad biogeográfica que comparte clima, orografía y un mismo sistema productivo".
La sintonía mostrada por las cuatro comunidades les dará "más fuerza" para defender los intereses de sus ganaderos y agricultores a la hora de afrontar la negociación de la futura PAC con el objetivo de que tenga en cuenta sus especificidades, ha apuntado.
Entre ellas figuran, además del pequeño y mediano tamaño de las explotaciones y su orientación ganadera, el hecho de que la mayoría de las unidades productivas estén enclavadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales, "lo que condiciona su productividad y limita su rentabilidad", ha apuntado la consejera asturiana.
Además, las comunidades del Norte de España deben afrontar otros retos comunes como el envejecimiento y la despoblación del medio rural por lo que defienden que la PAC que se aplique a partir de 2020 tenga suficiente presupuesto, sea "más justa y equitativa" y supere los desequilibrios entre territorios.
Para las autonomías cantábricas, las ayudas deben orientarse a la producción de alimentos, a los profesionales del campo y a la generación de empleo y actividad y plantean que se fije un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros para beneficiar a las de menor tamaño.
Asimismo, reclaman que las ayudas directas se destinen a los agricultores profesionales aunque sin excluir totalmente a aquellos que se dedican a la actividad agraria de forma parcial y que se excluya del sistema a las personas jubiladas.
Hasta ahora, ha apuntado la consejera asturiana, el 38 por ciento de los perceptores de ayudas son mayores de 65 años lo que dificulta el relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Para los Gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, se debe aplicar también una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales así como un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional y a la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural.
El documento suscrito hoy plantea además que se mantengan las ayudas asociadas a sectores productivos como la ganadería de leche o carne con el objetivo de que la nueva PAC sea "un instrumento para la transformación del campo en un territorio más vivo, con un proyecto propio, integrado y solidario con todos sus residentes".
