El proyecto de Lei de Ordenación Farmacéutica de Galicia, que el jueves aprobó el Consello de la Xunta, abre la puerta a que farmacias ya existentes puedan abrir una botica anexa en determinadas zonas para facilitar el acceso de más población a este servicio. El Consello Económico e Social (CES), aún así en su dictamen sobre la futura norma demanda más medidas para garantizar un adecuado servicio a los vecinos del rural gallego. ¿Cuál es la situación actual?
Un estudio de la Universidad de Santiago sostiene que casi 84.000 gallegos tienen "grandes dificultades" para acceder a una farmacia, pues residen a más de quince minutos en coche de la oficina más cercana. Representan el 3 por ciento de la población, aunque en la provincia de Lugo alcanzan el 10% y en Ourense el 5%, mientras en A Coruña cae al 2% y en Pontevedra al 1%. Puede parecer que no son muchos los afectados, pero en una comunidad que sufre el abandono del rural y apuesta por fijar población en el interior de la comunidad, no es baladí.
"La accesibilidad a las farmacias es un problema relevante en Galicia", sostienen los profesores de la Universidade de Santiago Melchor Fernández y Dolores Riveiro, en el estudio que detalla "la exclusión territorial" que sufren casi 11.000 pontevedreses, 16.500 ourensanos, 22.200 coruñeses y 34.000 lucenses. La cifra se vuelve más relevante, apunta Dolores Riveiro, si se tiene en cuenta que la mayoría de la población de esos concellos es mayor y dependen de hijos o conocidos para ir a la farmacia o del transporte público.
¿Por qué es un problema relevante? Porque, además del perjuicio individual, está en juego mantener vivo y dar una oportunidad de futuro al campo gallego.
"Para fijar población al territorio, el acceso a los servicios básicos no es una condición suficiente, pero es necesaria, explica".
"A la gente si no les das servicios, se marcha. Es una cuestión de exclusión territorial. La población se concentra en torno a la oferta de servicios. La mayoría de los ciudadanos vive como mucho a cinco kilómetros de los servicios que necesita con frecuencia, como el colegio, el centro de salud, supermercados, instalaciones de deporte y ocio, ... La actividad económica fija población, pero para plantearse quedar a vivir en el municipio donde trabajan, las personas también exigen servicios, y uno es la farmacia", expone Dolores Riveiro, profesora en la Facultad de Económicas.
"Hay gente a la que le cuesta acceder a los servicios básicos, no por sus condiciones personales, sino por el lugar donde vive. En cierto modo, la exclusión territorial es una forma de exclusión social, y así es imposible fijar población a esos lugares excluidos; la accesibilidad a los servicios básicos es esencial para asegurar la calidad de vida de la población en el interior y que ésta no se vea forzada a migrar a otros puntos de la comunidad", añade Riveiro.
Los resultados del estudio de estos dos profesores de la USC difieren de la posición del sector y de la administración, que consideran que casi la totalidad de la ciudadanía tiene garantizado el acceso a una farmacia porque sólo en dos concellos no hay botica.
Riveiro y Fernández discrepan del planteamiento institucional y no consideran pertinente el uso de un indicador basado en la existencia de farmacia en el concello para determinar la accesibilidad, consideran que se debe tener en cuenta la extensión de los concellos gallegos y la dispersión de la población en los concellos.
"Puede haber una farmacia en tu municipio pero con 30.000 entidades singulares de población distribuidas en 315 ayuntamientos, esa oficina puede quedar lejos", observa Riveiro.
"La actual regulación, al fijar la distribución de farmacias, no tiene en cuenta la dispersión ni el tamaño del municipio, lo que llama la atención porque la Xunta luego exige al Gobierno central que valore la dispersión de la población al calcular el coste de los servicios financiados por el Estado, pero no valora este criterio para una mejor reordenación de las farmacias", expone la profesora de Económicas. Es más, está en marcha la adjudicación de 41 nuevas farmacias y "no se corrige la exclusión del servicio" que sufren casi 84.000 gallegos.
"Sólo 24 de las 41 nuevas farmacias se abrirán en parroquias sin farmacia y sólo 9 abrirán en las provincias de Lugo y Ourense, donde hay núcleos de población con más dificultades, pero abrirán en concellos donde creció la población y ya hay boticas a menos de 15 minutos en coche". Los problemas de accesibilidad se dan en las zonas menos pobladas y las nuevas farmacias se autorizan donde creció la población.
Proponen cambiar la norma, y valorar la dispersión de la población y su estructura de edades y no solo la densidad y el volumen de la población.
En Galicia, sólo hay una docena de farmacias que reciben ayudas públicas por no alcanzar los mínimos de rentabilidad económica fijados por ley, pero ser necesario su servicio, al tratarse de un servicio público esencial.
Riveiro no considera que "se comprometa la rentabilidad de más farmacias" si se abriesen nuevas boticas en las zonas con menor densidad y volumen de población y que presentan un mayor grado de dispersión, reduciendo en el rural el módulo de población exigido para una oficina, que ahora es de 2.000, a 1.000.
