Galicia aprueba en atención a la dependencia, pero sin alardes, según el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, publicado esta mañana. El estudio le otorga un 5,3, que el permite situarse entre las ocho comunidades que evitan el suspenso.

Un total de nueve comunidades autónomas suspenden en la atención a las personas en situación de dependencia, siendo Canarias, Cataluña, Baleares y Asturias las peor valoradas, con puntuaciones que no llegan al tres en una escala sobre diez.

Por el contrario, Castilla y León, con un 9,3, y Castilla La Mancha, con un 8,2, y La Rioja (7,1) lideran esta clasificación, que se basa en 14 indicadores sobre la implantación y el desarrollo de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: beneficiarios, solicitudes, lista de espera o 'limbo', equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, incremento interanual de atendidos, transparencia, información a tiempo real o empleo generado, entre otros aspectos.

A las cuatro autonomías peor valoradas se suma la Comunidad Valenciana (3,5 puntos), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (3,9), Navarra y Cantabria (ambas con 4,2 puntos) y Murcia (4,6). Aprueban con un 5 Extremadura y Aragón, mientras que Galicia obtiene un 5,3, País Vasco un 6 y las comunidades de Madrid y Andalucía logran un 6,7.

"Siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión", señalan los autores de este dictamen, que destacan que Andalucía y Cataluña representan el 60% de la lista de "desatención" y además la comunidad catalana tiene a un tercio de las personas dependientes con el derecho reconocido sin prestaciones o servicios. Este último dato contrasta con Castilla y León, donde sólo el 1,6% de los dependientes se encuentra en este "limbo".