La lucha por la igualdad que pondrá otra vez de nuevo en el centro de la agenda la huelga feminista del 8 de marzo acaparó los focos del enfrentamiento parlamentario entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la oposición, que le lanzó una artillería de reproches y le exigió desmarcarse del discurso "machista y retrógado" de su jefe de filas, Pablo Casado.
Los portavoces de En Marea y BNG, Luís Villares y Ana Pontón, respectivamente, blandieron las varias sentencias judiciales que condenaron los servicios mínimos impuestos por la Xunta por entorpecer la protesta. Feijóo replicó que afectaron a cinco de los 120 organismos de la Xunta.
Villares y Pontón sacaron a colación recientes palabras de Casado y el pacto del PP con Vox para poder gobernar Andalucía -pese a no ser la más votada y en contra de lo que había prometido- para cuestionar la lucha por la igualdad del PP.
"El PP está entregado a las políticas que acaban con las políticas a favor de la igualdad y por eso se pasean con Vox", le afeó Villares.
Pontón rechazó los recortes de derechos que, según ella, propone el PP. Y censuró las recientes declaraciones de Casado en que decía: "si queremos financiar las pensiones, hay que pensar en tener niños y no abortarlos".
"Para usted, las políticas de igualdad son un lazo morado que se pone el 8 de marzo", añadió la nacionalista.
El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga se unió a esas críticas y consideró que el discurso de Casado es "pura ideología retrógrada". "Elevar la natalidad no pasa por restringir los derechos de las mujeres", indicó, sino por mejorar sus condiciones laborales.
Por su parte, Feijóo rechazó los ataques de sus rivales y que pongan en duda las políticas a favor de la igualdad de la Xunta que preside desde 2009.
El titular de la Xunta reconoció una brecha salarial entre hombres y mujeres del 23% y anunció que impulsarán una ley para mejorar el balance demográfico incorporando las conclusiones del observatorio ad hoc.
Avanzó que la Xunta primará con más puntos en los concursos públicos a las empresas que reciban un sello que avale su aplicación de medidas a favor de la conciliación.
