Deseado por todos y rodeado siempre de polémica, el voto emigrante fue hasta 2011 uno de los grandes protagonistas en casi todas las citas con las urnas en Galicia. Pero la reforma pactada hace nueve años por PP y PSOE con los nacionalistas vascos y catalanes por la que se vetó su participación en las elecciones municipales y se impuso el voto rogado en autonómicas, generales y europeas obligándoles a pedir las papeletas, dejó prácticamente vacías las sacas de sufragios procedentes del exterior. Conscientes de su peso en el censo electoral, los partidos crearon una subcomisión en el Congreso hace dos años para suprimir el llamado voto rogado y así facilitar el ejercicio del sufragio de los españoles residentes en el exterior. Con el objetivo de que la reforma esté ya lista para las elecciones del 26 de mayo, PSOE y Podemos presentaron una proposición de ley en la Cámara baja para eliminar el voto rogado, con la ampliación de plazos para que no peligre la llegada de las papeletas del exterior. El PP se opone a la reforma al entender que no ofrece garantías suficientes para evitar posibles fraudes. Ciudadanos no se ha posicionado.
De tramitarse por la vía de urgencia la iniciativa de los dos grupos de izquierdas, la primera cita electoral en Galicia sin voto rogado serían las autonómicas del próximo año. Y lo harían a través de una papeleta en blanco donde plasmar su opción política.
La reforma del sufragio exterior reavivará la batalla, ya que su peso en el censo electoral de la comunidad alcanza el 17% -son más de 450.000 los gallegos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)- y representan el 22% del colectivo español con derecho a sufragio fuera del país.
La propuesta de PSOE y Podemos defiende el envío de oficio de la papeleta electoral a los españoles en el exterior a partir del décimo octavo día desde la convocatoria de los comicios, lo que da a los electores tiempo suficiente para elegir si votan por correo o en urna. Con este envío de la papeleta al domicilio, se pone fin al voto rogado, por el que se obligaba a la diáspora a pedir una acreditación para que le fuese concedido el sufragio. Un sistema que hizo caer en picado la participación de la diáspora ya que antes de la reforma de 2011 superaba el 30% y desde entonces no alcanza el 5%.
Para emitir el sufragio se plantean dos opciones: votar en urna en un consulado o hacerlo por correo. En ambos caos se certificará la emisión del voto con un sello y seguirá siendo obligatorio incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral una fotocopia del pasaporte o del DNI.
