Electrodomésticos estropeados, muebles viejos, bicicletas, colchones, somieres, restos de obras, neumáticos gastados... Son algunos de los materiales que se acumulan en cientos de basureros clandestinos ubicados en los montes gallegos y que, a pesar de que el control de estos vertederos corresponde a los ayuntamientos, la Xunta ha promovido un plan para erradicar los espacios degradados por ellos. Solo el año pasado, la Consellería de Medio Ambiente eliminó 176 puntos de vertidos incontrolados (PVI) en 38 ayuntamientos, lo que supone un aumento en la actividad inspectora y de sellado respecto a 2017 del 15%. En aquel ejercicio fueron clausurados 153 vertederos en 22 municipios.

Las provincias de A Coruña y Ourense concentraron el año pasado el grueso de las intervenciones del departamento dirigido por Ángeles Vázquez, con 67 y 70 basureros ilegales eliminados, respectivamente. El balance registrado en Lugo y Pontevedra se queda muy por debajo de estas cifras, con 26 vertederos clausurados en el primer caso y 13 en el segundo.

En el caso de Pontevedra las actuaciones afectaron a los concellos de Redondela y Valga.

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La inversión destinada el año pasado al sellado de puntos de vertidos incontrolados fue de 1,18 millones de euros, un 31,4% más que la partida destinada el ejercicio anterior. La previsión que maneja el Ejecutivo autonómico para este ejercicio es superar la barrera del millar de PVI eliminados en el conjunto de Galicia. Para este cometido, la Consellería de Medio Ambiente prevé una inversión de 1,5 millones con el objetivo de recuperar los espacios naturales degradados, en especial aquellos que están en zonas protegidas dentro de la Rede Natura.

Inversión

Las competencias para controlar los vertederos fuera de los puntos limpios establecidos para el depósito de residuos son municipales, aunque el Plan de Xestión Residuos Urbanos de la Xunta establece un programa específico de actuaciones en este terreno que permitió eliminar en la última década (2009-2018) un total de 955 puntos de vertidos incontrolados con una inversión que supera los 6,4 millones. Desde Medio Ambiente destacan que con el programa de clausura se atendió la práctica totalidad de las solicitudes que recibieron por parte de los ayuntamientos.

Aunque no hay un inventario de los puntos de vertidos incontrolados, la Policía Autonómica registró 1.199 denuncias de basureros clandestinos en 2017, último año del que hay datos disponibles. Este balance supone un ligero repunte de casi un 2% tras dos años de descensos. En el anteproyecto de la Lei de Patrimonio Natural se recoge como falta grave "el abandono o depósito de residuos fuera de los lugares destinados al efecto". Para quienes se salten la normativa, la sanción que deberá afrontar oscilará entre os 3.001 euros y los 200.000, frente al máximo de 60.000 euros que recoge la actual Lei de Conservación da del año 2001.