En Marea incumple sus normas internas sobre las donaciones que sus catorce diputados deben realizar a la hucha común, independientemente de que cedan parte de su sueldo a sus partidos de origen o proyectos sociales, al tiempo que mantiene en secreto el importe que entregan cada mes los siete parlamentarios autonómicos que sí acatan las obligaciones autoimpuestas. Todo el grupo se ciñe, eso sí, al tope salarial de 3.000 euros mensuales.
Desde su irrupción, la izquierda rupturista blandió la bandera de la transparencia como aval de su limpieza frente al resto de partidos, así como una limitación salarial inédita. Las cesiones de sueldo de cargos públicos a sus organizaciones sí era aplicada por PP, PSdeG y BNG.
Sin embargo, las reglas autoimpuestas de En Marea siguen vulnerándose desde que a finales de noviembre FARO revelase que mantenía en secreto cuáles de sus catorce diputados entregaban parte de sus emolumentos públicos a la fuerza instrumental y cuál era la cifra de cada una de esas aportaciones, en secreto al cierre de esta edición.
Días después, la dirección capitaneada por Luís Villares desveló quiénes cumplían y quiénes no, información que intensificó una crisis interna que se transformó en ruptura entre el bando oficialista y los críticos (Anova, Podemos, Esquerda Unida y las mareas que gobiernan en A Coruña, Santiago y Ferrol) tras las primarias que venció el juez en excedencia y sobre las que se cruzan acusaciones de pucherazo.
En noviembre donaban a En Marea el dinero que superaba el límite salarial de 3.000 euros mensuales Villares, Antón Sánchez (Anova), Davide Rodríguez (Anova), Paula Vázquez Verao (Cerna), Flora Miranda (Compostela Aberta), Manuel Lago (EU) y Pancho Casal.
De los siete incumplidores, cinco militan en Podemos, aunque alegan que ceden su excedente salarial a su partido y proyectos sociales. Se trata de Carmen Santos, Paula Quinteiro, Marcos Cal, Luca Chao y Julia Torregrosa. Las dos parlamentarias restantes son Eva Solla (líder de EU) y la independiente Ánxeles Cuña, que alegó haber paralizado sus ingresos a la hucha común por falta de transparencia sobre los gastos.
La vulneración de las normas de la carta financiera de En Marea debería ser comunicada a la Comisión de Garantías y acarrear la apertura de un expediente sancionador que no se ha aplicado. Ese documento establece la opción de que los diputados entreguen excedente salarial a sus organizaciones de origen, pero garantiza un 50% para En Marea, porcentaje que no recibe.
Los diputados de Podemos consideran que se deben a su propio partido, evidenciando que aceptaron formar parte a título individual de las listas electorales de En Marea en 2016 a regañadientes y no se ciñen a sus dictados, pese a que algunos de ellos defendían en aquel momento asumir esa forma de alianza.
Además, la citada carta financiera impone la publicación en la web de En Marea de las "retribuciones y donaciones" de sus cargos.
La nueva coordinadora, que sigue en manos de Villares, tomó posesión el pasado día 12, pero aún no ha revelado esos datos. Hoy celebra otra reunión, pero En Marea no ha confirmado si abordará esa cuestión, pese a las preguntas de este diario.
