En plena revuelta de los profesionales sanitarios contra el Sergas, se abre para la Consellería de Sanidade un nuevo frente de batalla. La totalidad de las ambulancias que trabajan para la Fundación Urxencias-061 han renunciado a seguir prestando el servicio al considerar que el contrato suscrito con la Xunta es "deficitario" y les causa cinco millones de euros en pérdidas anuales. Por ley están obligadas a seguir haciendo el transporte de emergencias hasta que el Gobierno gallego resuelva un nuevo concurso, para lo que dispone de un plazo de ocho meses. Aún así, las ambulancias advierten que "dudan de poder seguir trabajando más allá del 31 de marzo".

Desde el 061 garantizan que el servicio de transporte sanitario "se seguirá prestando en las mismas condiciones de calidad" y recuerdan que las ambulancias no pueden dejar de trabajar hasta que no haya una nueva empresa adjudicataria porque "es un servicio esencial". En este sentido, avanzaron que ya comenzaron los trámites para iniciar una nueva licitación.

Sanidade acaba de renegociar también el concierto con Povisa tras entrar este hospital privado en preconcurso de acreedores alegando pérdidas por la insuficiente financiación de la Xunta.

Y ahora son las empresas de ambulancias, agrupadas en la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias (Fegam), las que dan portazo a la Consellería de Sanidade. Advierten que el último concurso convocado por el 061 fue "muy ajustado". A esto añaden el incremento de costes debido a "la obligada introducción de mejoras técnicas, la reasignación de servicios, la actualización de los salarios de los trabajadores subrogados en las nuevas adjudicatarias y las últimas modificaciones en materia laboral". Estas circunstancias han obligado a las concesionarias a adoptar "una difícil decisión" y poner fin a una situación que consideran "límite".

Según explican, el conflicto viene de atrás. Ya mantuvieron varias reuniones con la Consellería de Sanidade para encontrar una solución que permita seguir ofreciendo el servicio. Se trata de 109 ambulancias en total.

Ante la falta de respuesta de la Administración autonómica, los empresarios de las ambulancias solicitaron la "inaplicación temporal" del convenio colectivo a finales del año pasado en base a las pérdidas económicas que estaban sufriendo las empresas.

La decisión se debatió en una comisión tripartita en el seno del Consello Galego de Relacións Laborais en la que estuvo representado el sector, la Administración autonómica y los agentes sociales y finalmente no prosperó debido a la abstención de la propia Xunta.

"Pasaron meses y seguimos sin recibir respuesta a nuestras demandas", se quejaron ayer. Esto se une, según denuncian, a la dificultad de obtener financiación por parte de las entidades bancarias que se niegan a darles liquidez a la vista de unos contratos "totalmente deficitarios, que no se ajustan al coste real del servicio".

En el último año, según explica Fegam, encargaron varios estudios económicos a empresas independientes que determinaron, tomando como referencia el precio fijado en el último concuso público para los diferentes lotes del 061, que en la mayoría de los contratos se abona por ambulancia adscrita al 061 unos 240.000 euros anuales. Con la aplicación del convenio colectivo en vigor en la comunidad gallega y solo teniendo en cuenta el coste salarial, el gasto medio de cada ambulancia asciende a 280.000 euros.