El Banco de Terras fue creado por el bipartito de PSdeG y BNG para poner en uso fincas abandonadas en el rural y dar una nueva oportunidad al sector primario, pero la Consellería de Medio Rural ha detectado "un gran número de intentos de fraude de ley" por parte de los dueños que llevan sus parcelas agrarias al Banco de Terras. No tienen intención real de alquilarlas, por eso les ponen precios "desorbitados" para el arrendamiento, pues sólo quieren pasar el trámite de permanecer allí dos años para luego en un plazo récord obtener autorización de la Xunta para forestar las tierras.
Ante esta realidad, Medio Rural ha decidido mudar la Lei de Montes de Galicia y endurecer los criterios para autorizar esta mudanza. Exigirá a partir del uno de enero de 2019 que las fincas lleven al menos doce años en estado de abandono, y los dos últimos años han de estar inscritas en el Banco de Terras sin que nadie las haya querido alquilar para su explotación. Además, el precio que el dueño ponga para el arrendamiento debe ser acorde con "los precios de referencia oficiales para la zona" en la que está la parcela.
Hasta ahora la Xunta solo pedía que las fincas estuviesen dos años en el Banco de Terras y que éstas lindasen con terrenos forestales de frondosas caducifolias y tuviesen una extensión de hasta 5 hectáreas. Además el udeño debe comprometerse a plantar frondosas cadufolias (robles, castaños, ...).
El departamento que dirige José Antonio González observó que "en muchos casos las personas propietarias solicitan la incorporación de sus fincas al Banco de Terras estableciendo un precio mínimo desorbitado que hace que sea difícil o imposible que éstas se arrienden". No hay deseo de alquilar, si no que se limitan a cumplir el trámite de los dos años en el Banco de Terras, para luego forestar, y por ello fijan un alquiler alto que desanime a los potenciales arrendatarios. Por eso, a partir del año que viene el precio debe ser el de referencia para la zona que marca la Consellería de Medio Rural.
La Xunta también comprobó que otro modo de fraude de ley consistía en "forzar el estado de abandono de una parcela agrícola hasta entonces perfectamente válida y productiva, poniéndola directamente en desuso". Medio Rural solo les exigía que estuviera dos años en el Banco de Terras, pero a partir de ahora deberán estar al menos doce años en estado de abandono.
El Gobierno de Feijóo acometerá el cambio de la Lei de Montes a través de la Lei de Acompañamento dos Presupostos de 2019, ahora en tramitación en el Parlamento gallego. La Lei de Montes sufrirá más modificaciones en nueve artículos y tres disposiciones transitorias.
Todos los cambios de actividad en fincas del rural deben tener el visto bueno de la Xunta. Aún así, en algunos casos se hacen plantaciones ilegales en algunas zonas, lo que puede acarrear una multa de la Consellería de Medio Rural.
La Lei de Montes de Galicia considera una "infracción grave" forestar terrenos agrícolas, la multa a la que pueden tener que enfrentarse los propietarios que incurran en esa infracción es, como mínimo, de 1.001 euros y puede suponer hasta 100.000 euros de multa. Y no solo eso, infringir esa normativa conlleva arrancar la plantación en cuestión.
