Tras la ola de incendios de hace ahora un año, la Xunta se vio forzada a introducir cambios en su política de lucha contra el fuego. Y uno de ellos fue poner en marcha un nuevo sistema, con más 28 millones de euros de financiación en tres años y medio, para combatir la inacción de particulares y concellos en la limpieza de las fincas ubicadas alrededor de los núcleos de población -las llamadas franjas de seguridad-. En adelante, se encargaría de los desbroces la empresa pública autonómica Seaga, pero previamente son los ayuntamientos los que deberían solicitar su adhesión a este modelo. Cerrado el plazo de convocatoria, son 144 los concellos que han pedido incorporarse al mecanismo público de gestión de biomasa y ahora le toca a la Xunta determinar quiénes cumplen las condiciones.
Por la provincia de Ourense fueron 46 los ayuntamientos que reclamaron integrarse en este modelo, mientras que por A Coruña son 37, por Lugo, 32, y por la provincia de Pontevedra, 29 los municipios que han cursado la solicitud. Esta primera convocatoria es solo para este año y para los siguientes, se hará una nueva cada ejercicio. La intención de la Xunta es invertir antes de acabar el año casi 5,7 millones de euros en desbrozar fincas, para poner luego 7,5 millones más cada año entre 2019 y 2021. Por su parte, los ayuntamientos también tendrán que realizar una aportación económica, del orden de los 2,5 millones anuales a través de la Fegamp con cargo al fondo de cooperación local.
Tendrán prioridad para incorporarse al modelo los concellos afectados por grandes incendios o los que tienen parroquias con alta actividad incendiaria, entre otros criterios.
Los municipios deben delimitar las parcelas objeto de limpieza, identificar a los propietarios que sea posible y recordarle su obligación, contar con planes de lucha contra el fuego y recibir y notificar a la Xunta las solicitudes de los dueños que quieren que sus fincas las desbroce Seaga. Para ayudar a los concellos a determinar las franjas de seguridad -50 metros alrededor de núcleos de población o casas aisladas-, la Administración autonómica podrá a su disposición un visor web.
¿Cuál es la ventaja? Que Seaga se encargará del desbroce de las fincas todo el año a un precio medio de 350 euros por hectárea y las arcas públicas asumirán el coste que exceda esa cantidad. Pero para ello es imprescindible que el ayuntamiento esté integrado en el modelo y que los propietarios soliciten, a través de los gobiernos locales, la participación de Seaga. Si un dueño no quiere, tiene el monte sin limpiar y no atiende los requerimientos del municipio, entonces Seaga se encargará del desbroce, pero cargando toda el importe completo de la factura al propietario, además de la sanción.
Con este plan se pretenden limpiar 16.000 hectáreas en cuatro años, unos 3.000 kilómetros de franjas de 50 metros de ancho y acometer una actividad que es obligatoria desde 2007 pero que apenas se cumple. Porque los concellos hacen a veces la vista gorda y porque les resulta muy complicado identificar a los propietarios para requerirles que limpien las franjas.
Precisamente ayer, el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, compareció en comisión parlamentaria y reprochó que "hay ayuntamientos que tienen recursos y capacidad" para "haber hecho" la limpieza de franjas de seguridad frente al fuego, pero que "no lo hicieron".
Sobre el convenio con la Fegamp que permite poner en marcha el sistema público de gestión de biomasa, destacó que es "tremendamente importante" como "garantía para priorizar actuaciones" en zonas de riesgo de incendios. Recordó que los propietarios están obligados a limpiar sus fincas desde 2007, por lo que estas rozas "llevan un incumplimiento de muchos años", y este convenio nace para "revertir" esta situación y ejecutar limpiezas de carácter subsidiario.
"No creo que todas necesiten apoyo para todo", apuntó Fernández-Couto sobre algunos municipios, ya que "algunos tienen capacidades para hacer cosas".
