Son científicos destacados en el panorama gallego, que llevan años, un par de décadas por lo menos, trabajando en universidades y centros de investigación de referencia tanto de Galicia como de otros países, con estancias de investigación de varios años en el extranjero. Desde 2014 trabajaban en departamentos punteros de las universidades gallegas a través del programa de ayudas de apoyo a la etapa inicial de formación postdoctoral del anterior plan de investigación, el I2C. Este tiempo de contratación terminó el pasado mes de abril. Tras pasar una estricta evaluación externa sobre su trabajo en los últimos ejercicios y su proyecto de investigación para los próximos años podrán quedarse en donde están, al menos dos años más, hasta 2020.

Para conseguir estos contratos postdoctorales de la Xunta, los científicos pasaron el examen de evaluadores externos ("personas expertas de fuera del Sistema Universitario Gallego-SUG"), con la colaboración de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG). Su puntuación tenía que ser superior a 75, evaluándose con un máximo de 40 puntos "el plan de trabajo que la persona candidata propone realizar durante el periodo de contrato", con un máximo de 20 "las mejoras en el currículo de la persona candidata durante su permanencia en el programa postdoctoral" o con un máximo de 30 "la capacidad de la persona para liderar una línea de investigación: potencialidad de la persona candidata para el liderazgo de grupos de investigación, establecimiento de una línea propia de trabajo y obtención de financiación en convocatorias públicas". También se conceden 10 puntos para la evolución de la carrera investigadora, sin excluir ningún año de actividad.

De los elegidos para esta etapa contractual 13 son investigadores de la Universidad de Santiago (USC), 6 de la Universidad de Vigo (UVigo) y uno de la Universidad de A Coruña (UDC). Y las áreas en las que se centran sus proyectos son, la mayoría de Ciencias, un 55%, seguida de Ingeniería y Arquitectura, Artes e Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.

Estos contratos superan en condiciones a los Ramón y Cajal, de ámbito nacional. Los investigadores precarios indican que estos puestos escasean y piden estabilidad para la carrera investigadora.

En este caso son dos años más con el objetivo de que los científicos pongan en marcha sus propias líneas de investigación. De hecho, de los 49.000 euros al año de presupuesto para el contrato, una parte es una ayuda complementaria por cada persona contratada: de 5.000 euros para el año 2018 y de 10.000 para 2019 y 2020.