El Ministerio de Hacienda ha aprobado una prórroga de seis meses para seguir buscando en 70 ayuntamientos gallegos bienes inmuebles ocultos cuyos dueños no los declaran y, en consecuencia, se libraban de pagar el IBI. El plazo de la inspección expiró este mes, pero ha resultado insuficiente para peinar la superficie de estos municipios, por lo que la Dirección General del Catastro se ha dado hasta diciembre para concluir las labores de investigación. En la misma situación se encuentran 1.272 ayuntamientos en el conjunto de España.
"La complejidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de regularización catastral para comprobar la adecuación de la concordancia de las descripciones catastrales de todos los bienes inmuebles urbanos y rústicos con la realidad inmobiliaria determina que los plazos previstos resulten insuficientes para garantizar la adecuada tramitación y atención al ciudadano de los expedientes", explica el Ministerio de Hacienda en la resolución que justifica la prórroga para seguir rastreando casas, garajes, piscinas, naves, reformas o buhardillas que no están dados de alta en los registros del Catastro.
De los 79 concellos gallegos en los que seguirá la inspección, 19 pertenecen a la provincia de Pontevedra. Entre ellos figuran Vilagarcía, Cambados, A Estrada, Gondomar, Pontevedra, O Porriño, Sanxenxo, Tui o Barro. Otros 25 son de A Coruña, entre los que están Boiro, A Coruña, Fisterra, Oleiros, Porto do Son, Santiso o Zas. En Ourense son 24 los ayuntamientos en los que continuará el rastreo y en Lugo, solo 11.
La inspección en estos municipios comenzó en enero de 2017, por lo que con la prórroga aprobada, los técnicos emplearán dos años en rastrear los bienes inmuebles ocultos. Son los últimos que están pendientes en Galicia de completar el proceso de regularización que se inició con carácter general en el año 2013.
La campaña, con la que se pretende que los dueños de estos bienes comiencen a pagar el IBI correspondiente, ha hecho aflorar 346.199 inmuebles sin declarar, de los cuales un total de 64.126 se ubican en Pontevedra. En esta provincia se ha completado el rastreo en 42 municipios.
Mediante fotografías áreas -sobre todo usando drones-, imágenes obtenidas desde satélites e inspecciones a pie de calle, los técnicos del Catastro descubrieron en Pontevedra más de 31.000 inmuebles que habían sido ampliados o rehabilitados y no se habían declarado al fisco, por lo que se estaba abonando un IBI por debajo del valor real. Con el 47% de los casos, esta es la irregularidad más habitual y extendida, pero hay otras, como las 23.700 construcciones nuevas ocultas (el 37% del total). En otro 11% de los casos se localizaron reformas y cambios de uso no declarados (7.000 bienes) e incluso hay un porcentaje de piscinas, del 3%, del que tampoco tenía constancia el Catastro.
A Coruña es, con diferencia, la provincia con más inmuebles sin declarar descubiertos desde que empezaron las inspecciones. Suman ya 123.538, tanto urbanos como rústicos. La mitad de las irregularidades descubiertas son ampliaciones y rehabilitaciones. Un tercio son nuevas construcciones que no fueron comunicadas al Catastro y hay también un 22% de bienes reformados y un 2% de piscinas.
En Ourense ya ha finalizado el proceso de regularización catastral en 68 municipios y han aparecido 64.549 inmuebles sin declarar. A diferencia de Pontevedra, el fraude mayoritario en esta provincia es la existencia de construcciones nuevas ocultas (el 51% de los casos). Además hubo un 32% de ampliaciones o rehabilitaciones de las que no se rindió cuentas al Catastro, un 15% de reformas y un 2% de piscinas.
En Lugo se concluyó la inspección en 56 municipios y el resultado es 93.946 inmuebles sin declarar. Al igual que ocurría con Ourense, la mayoría de los fraudes destapados son construcciones nuevas (45%). Las ampliaciones y rehabilitaciones son el 40% y las reformas o cambios e uso alcanzan el 14%.
El proceso de regularización se inició en el año 2013 como una fórmula para contribuir a fortalecer las arcas municipales, reforzando sus ingresos por la vía del IBI. A todas las 346.199 irregularidades detectadas hasta la fecha, habrá que sumar a final de año las que aparezcan en los 79 concellos en los que aún prosigue el rastreo de bienes inmuebles sin declarar.
