Los ayuntamientos no están dispuestos a asumir el coste de la devolución del impuesto de plusvalía por las ventas a pérdidas (ventas de pisos, herencias, donaciones o permutas). Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya se lo trasmitieron la pasada legislatura al entonces ministro de Hacienda y ayer lo volvieron a poner sobre la mesa al Gobierno de Pedro Sánchez. Al menos un 20% menos de recaudación. Es el alcance que estima el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que dejará la reforma de la plusvalía municipal, que echó a andar en el Congreso en vísperas de la moción de censura del PSOE y que limita las devoluciones a las operaciones sin ganancia realizadas desde junio de 2017 -las anteriores tendrán que ser recurridas ante los tribunales-. Durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada ayer, el Ejecutivo se comprometió a sacar adelante la reforma de la plusvalía "en línea con el acuerdo adoptado de manera unánime" por la FEMP" para "evitar las incertidumbres" en su aplicación, así como también abrió la puerta a analizar cómo compensar a los ayuntamientos por las pérdidas en la recaudación y por las devoluciones a los contribuyentes que vendieron a pérdidas.

Tras el encuentro, Caballero destacó la receptividad del Ejecutivo ante las demandas de las administraciones locales. "Nuestras demandas son las mismas, pero la sensibilidad del Gobierno ha cambiado", ensalzó el también alcalde de Vigo.

Otro de los compromisos de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial, Meritxell Batet, es flexibilizar la regla de gasto y ampliar el destino de la reinversión del superávit municipal, por ejemplo a programas de desarrollo a través de fondos europeos.