Pese a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde diciembre de 2015 y que limita a seis meses las instrucciones de asuntos sencillos y a 18 meses los macroprocesos complejos -aunque prorrogables a tres años-, los causas de corrupción se eternizan en los juzgados gallegos. La instrucción de algunas está a punto de cumplir los cho años.
Es el caso de la operación Pokemon, iniciada en septiembre de 2012 y prorrogada en octubre del año pasado hasta junio de 2019. La solución para agilizar la instrucción y evitar que errores en el proceso den al traste con la investigación pasa por la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Galicia, como desde hace años vienen reclamando desde el Ministerio público. Ya hace años la Fiscalía del Estado inició un camino de especialización, con más de 20 unidades especializadas distribuidas por toda la geografía española.
Desde Galicia, la Fiscalía Superior ha planteado ya con Carlos Varela al frente y ahora con Fernando Suanzes la reacción de una Fiscalía Anticorrupción en la comunidad debido al número de los ilícitos penales de este tipo que se han registrado durante los últimos años.
En marzo del año pasado, el entonces fiscal del Estado, José Manuel Maza, aseguraba en una visita a la Fábrica de Tabacos de A Coruña que resultaba "conveniente" dotar a Galicia de una Fiscalía Anticorrupción y veía "probable" nombrar a un fiscal delegado. El futuro de esta unidad lo decidirá la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra. Jueces y fiscales apelan a evitar "anomalías" procesales y que "los jueces de instrucción se conviertan en la Audiencia Nacional".
