La oferta de pisos de uso turístico en Galicia aún no ha alcanzado su techo. Un año después de entrar en vigor el decreto que regula estos alquileres, el pasado mes de abril, se había llegado a las 5.000 viviendas y algo más de 26.000 plazas en el mercado. Parecía que la cifra se había estabilizado. Pero no es así, porque en mayo la Xunta ponía en marcha su plan contra el alquiler oculto, transcurrido el periodo de gracia de un año desde la aplicación de la nueva norma, y la cifra de pisos turísticos se ha disparado en apenas mes y medio en un 14% hasta llegar a los 5.767 y ofrecer casi 30.200 plazas de alojamiento, según el registro oficial de la Administración autonómica.
Es tal el boom de este negocio que ahora mismo las camas ofertadas por particulares para los turistas ya equivalen al 54% de las que ofrece el conjunto de los hoteles gallegos -desde 1 hasta 5 estrellas-, que tienen 55.449 camas dadas de alta, según las estadísticas que maneja el Gobierno gallego, si bien la cifra varía en función de la estación del año.
El alquiler de viviendas a turistas no existía como tal modalidad hasta hace poco. La actividad se encuadraba en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero una reforma en 2013 la transfirió a las normativas propias de cada comunidad autónoma, ya que estas tienen competencias exclusivas en turismo. En el caso de Galicia, el periodo transitorio duró cuatro años, hasta en mayo de 2017 entró en vigor el decreto que regula los pisos de uso turísticos, fijando sus características y obligaciones, entre las que figura la inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), con el fin de tener controlada la actividad y combatir el intrusismo profesional.
Hace poco más de un mes, la Xunta emprendió una campaña de inspección contra el alquiler oculto de estos pisos. El plan consiste en reclamar a las plataformas de internet que publican los anuncios de las viviendas un listado completo de sus clientes en Galicia para luego comparar los nombres con el registro autonómico y verificar ahí quienes están regularizados y los que hacen negocio en "B".
El dueño del inmueble cazado cometiendo una infracción de este tipo se enfrenta a multas que oscilan entre los 900 y los 9.000 euros, si bien la reincidencia puede acarrear sanciones de hasta 90.000 euros.
Además de este control, el Gobierno gallego enviará requerimientos a las plataformas de internet que ofertan pisos sin registrar para que los excluyan de sus portales de anuncios.
El caso es que bien por esta campaña o porque el verano se acerca y los alquileres turísticos tienen una rentabilidad mucho mayor que los tradicionales, el número de pisos orientados a esta modalidad crece a un ritmo del 14%.
El mayor negocio se da en la provincia de Pontevedra, fundamentalmente en los concellos de las Rías Baixas y, singularmente, en Sanxenxo. En total hay 2.836 pisos anotados en el registro que ofrecen al mercado 14.846 plazas. En la de A Coruña la oferta es un poco menor, con 2.068 viviendas y 11.000 plazas. En Lugo hay inscritos 730 inmuebles con 3.455 camas y en Ourense, por carecer de playas, el mercado es casi testimonial. Solo hay registradas 140 viviendas con 871 plazas disponibles.
