Entre las modalidades de atención a las personas mayores de 65 años figura el acogimiento familiar que, a pesar de su denominación oficial, exige que no exista relación de parentesco con la persona integrada en el hogar. Es un programa que cuenta con apoyo institucional y está subvencionado, pero cada año va a menos, en línea contraria a la evolución de una población cada vez más envejecida y con más personas de avanzada edad que viven solas en su domicilio. Según el Instituto Galego de Estatística, a día 1 de enero de 2017 había en la comunidad autónoma 114.900 mayores de 65 años formando hogares unipersonales. Y frente al medio millar de familias que hace una década cuidaban de mayores de forma voluntaria, este año ni se llega al centenar, concretamente 99.
La resistencia de muchos ancianos a dejar su domicilio obliga a desplegar servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, dado que el ingreso en una residencia es una opción, en el caso de que haya plaza libre, que solo se plantea como ultimísimo recurso. Las familias de acogimiento funcionaban como alternativa a estos servicios por su proximidad, pero con más éxito hace unos años que ahora a pesar de convertirse en una actividad remunerada, con pagos mensuales que oscilan entre los 421 y los 700 euros al mes, dependiendo del grado de autonomía de la persona mayor.
Además, el programa tiene una variante, la de acoger a personas con discapacidad, independientemente de su edad. En 2016 eran 10 personas las que estaban en esta situación y ahora son 11.
Curiosamente, donde menos implantación tiene esta doble modalidad asistencial es en las provincias de Lugo y Ourense, las más envejecidas de la comunidad y de España. Según los datos facilitados por la Consellería de Política Social, en Ourense solo hay 6 personas mayores viviendo con familias de acogida, mientras que en la de Lugo el número asciende a 21.
Más éxito tiene este servicio en Pontevedra, donde 41 personas mayores de 65 años han accedido a irse a residir con otra familia, y en A Coruña, donde han hecho lo mismo otras 42 personas.
En 2016 fueron un total de 116 familias las que asumieron la tutela de estos ancianos. Ahora, son 99 las que se encuentran en la misma situación. Este programa está en vigor desde hace ya más de veinte años y arrancó con mucha demanda porque "vino a regularizar la situación en la que se encontraban muchas personas mayores o con discapacidad que vivían con personas con las que no tenían ninguna relación de parentesco", según la Xunta.
Para cuidar de la persona anciana se exige que al menos uno de los componentes de la familia acogedora tenga una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, que goce de buena salud y no padezca ninguna limitación física o psíquica que le impida atender las tareas domésticas normales.
Los pagos que se realizan a las familias por encargarse de los mayores llevan trece años variaciones. Si se trata de una persona dependiente se pagan 700 euros al mes. Si gozan de autonomía la subvención se rebaja a los 421 euros. Se da la opción también de atenderlo en la vivienda del propio beneficiario, pero los casos así, los importes se reducen un 40%.
Esta ayuda no la costea íntegramente la Xunta. El beneficiario aporta un 60% de sus ingresos mensuales líquidos y el resto lo pone la Consellería de Política Social.
