La Xunta de Galicia confirmaba ayer que hará cumplir la sentencia de demolición de la casa de Santa Cristina de Cobres afectada por la ley de Costas, al mismo tiempo que los vecinos de Vilaboa reforzaban la vigilancia sobre la vivienda de Enrique López Patricio. Es la primera de unas 40 construcciones que soportan un expediente de derribo en este municipio, muchos de cuyos propietarios pagan ya sanciones por no ejecutar las demoliciones ordenadas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Si el PXOM no se aprueba pronto para consolidar los núcleos de Vilaboa, tras la casa de López Patricio pueden ser muchas más las que sucumban a la piqueta. Por eso los vecinos están muy concienciados en la necesidad de apoyarse para impedir que esto suceda.
Durante la jornada de ayer, organizados por la Plataforma Salvemos Vilaboa, los vecinos organizaron un campamento ante la vivienda afectada. En este campamento muchos voluntarios se turnan para vigilar los accesos a la zona y alertar al resto de Vilaboa en caso de que la maquinaria pesada llegue a la casa de López Patricio.
El campamento fue creciendo de tal forma a lo largo del día, que incluso llegó a instalarse una nevera y un equipo de música, con el suministro eléctrico que les proporcionan los vecinos del lugar.
Quienes no pueden estar en la acampada por motivos laborales, colaboran haciéndoles llegar bebidas y alimentos.
Les acompañó además el alcalde, el socialista José Luis Poceiro.
Los vecinos saben que la maquinaria puede llegar en cualquier momento, por eso no abandonan la vigilancia, tampoco durante las noches. Mientras, esperan que al menos se suspenda el derribo hasta que se apruebe el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que legalizaría su situación y que ya está aprobado de forma provisional.
Xunta
Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio comunicó en la tarde de ayer que seguirá adelante con el procedimiento previsto para llevar a cabo la demolición de esta vivienda unifamiliar. "El propietario notificó a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística hace unos días su intención de ejecutar voluntariamente los trabajos, pero salvo que el interesado proceda a la demolición íntegra e inmediata de la edificación antes del inicio de las obras por parte de la APLU, la Xunta está obligada a seguir adelante con el derribo para dar cumplimiento a una sentencia judicial firme", expone la consellería.
El Gobierno gallego indica que los trabajos de demolición ya han sido encargados por la APLU "a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del año 2009. El fallo judicial, que tiene carácter firme, establece que la obra fue construida ilegalmente y ordena a la Administración que proceda a su demolición", argumenta la consellería.
