Hace solo una semana un matrimonio de A Coruña fue sentenciado a tres años y medio de prisión por haber cobrado durante 23 años la pensión de discapacidad del padre de la mujer pese a que éste había fallecido ya en 1991. Defraudaron 68.000 euros a las arcas públicas. Sin llegar a estos extremos, en los que se llegó a falsificar la firma del difunto, los casos de picaresca en el cobro de pensiones no son aislados. La inspección de la Seguridad Social destapó el pasado año en Galicia el cobro fraudulento por parte de familiares o allegados de un total de 1.635 pensiones no contributivas de invalidez y jubilación cuyos titulares ya habían muerto. En los dos últimos años se anularon más de 3.200 prestaciones de este tipo tras descubrirse que el supuesto beneficiario estaba fallecido.
Estos fraudes se descubren con las revisiones de oficio que realiza la Seguridad Social cuando sospecha que han podido cambiar las circunstancias del pensionista que, por ley, o bien él mismo o su familia, están obligados a comunicar en el plazo de un mes cualquier cambio en su situación.
Durante el pasado año el Gobierno inspeccionó 6.936 pensiones no contributivas en Galicia y anuló 1.635 tras descubrir que su titular había fallecido. La Seguridad Social puede reclamar a la persona que las haya cobrado que devuelva los importes obtenidos irregularmente.
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Sin embargo, el fallecimiento no es la única causa que puede justificar la cancelación de una pensión no contributiva. El pasado año el Gobierno retiró esta prestación a más de 1.500 pensionistas por haber superado el límite de ingresos que se fija como condición para ser perceptor de estas ayudas.
Las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social ofrece a las personas que no han cotizado nunca o lo han hecho de forma insuficiente. En Galicia hay 24.500 jubilados y 15.000 gallegos con invalidez que cobran esta modalidad de pensión.
La cuantía de estas prestaciones no es, en todo caso, muy elevada. Los jubilados cobran 358 euros de media al mes y los perceptores de una pensión no contributiva de invalidez reciben 396 euros. Precisamente por su escasa cuantía la Xunta complementa esta prestación con una paga anual de 2016 euros al año.
Para poder percibir esta prestación es preciso, en todo caso, acreditar que no se supera un determinado nivel económico. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, sus ingresos anuales deben estar por debajo de los 5.170 euros anuales, que pueden elevarse hasta los 40.000 si convive en un hogar con al menos cuatro miembros.
El Gobierno controla periódicamente que los beneficiarios se ajustan a estos topes de renta. Por un lado, los pensionistas están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de ingresos personales y de los demás miembros de la unidad familiar. Desde la Seguridad Social verifican la documentación. Como resultado de estos controles se le retiró la pensión no contributiva de jubilación o invalidez a 380 gallegos.
Y después están las inspecciones que hace la Seguridad Social de oficio y que acabaron con la retirada de otras 1.100 pensiones por superar el límite de ingresos.
