Fomento recurre a la Constitución para defender su veto a ceder la AP-9 a Galicia

El Ministerio de Fomento reiteró ayer los dos argumentos utilizados para vetar incluso el debate sobre la transferencia a Galicia de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9), pedida por unanimidad en el Parlamento gallego, y recurrió incluso a la Constitución. El ministro Íñigo de la Serna aseguró que la operación podría contravenir la norma al tratarse de una carretera de la red estatal -si bien Euskadi y Cataluña recibieron el traspaso de vías de similares características- y que la operación costaría 4.000 millones de euros, cálculo aplicado a un posible rescate de la concesión, aspecto retirado en la última proposición de ley aprobada por la Cámara gallega.

El dirigente respondió de esa forma a la diputada de En Marea Alexandra Fernández, que llevó al Congreso su queja por la "discriminación" aplicada a Galicia, cuya petición para el traspaso de la vía fue paralizada en dos ocasiones y ni siquiera fue debatida. De la Serna alegó que la Xunta fue incorporada a la comisión sobre la vía y contrapuso a las críticas a su "trabajo sucio para blanquear los intereses" de Audasa -concesionaria de la infraestructura- de Fernández las bonificaciones de los peajes en O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala, que ahora asumirá en solitario el Gobierno central, y la inauguración de la ampliación del puente de Rande. Esta permitirá a la concesionaria aplicar una subida extra de los peajes, aunque la obra sigue en obras y genera atascos estos días.

Fernández, por su parte, acusó al Gobierno de formar un "tándem del expolio" con Audasa y denunció la falta de control público sobre la compañía, que siendo una de las más rentables, añadió, cuenta con el plazo máximo legal de concesión, que expira en 2048. "Cuando ustedes boicotean esta iniciativa por el único miedo a perder una votación, están reduciendo ambas Cámaras [Congreso y Parlamento gallego] a una farsa y, de paso, tratan de ocultar el espectáculo bochornoso que tendrían que dar los diputados gallegos del PP votando en el Congreso a favor de Audasa", censuró la diputada.

Por otro lado, el Congreso aprobó ayer, a instancias de la diputada de En Marea Alexandra Fernández, emplazar al Gobierno a modificar la ley que exime a Audasa de pagar el IBI a los concellos.