Galicia blindará por ley el pago de la mitad del recibo eléctrico a las familias con escasos recursos, permitiendo la opción de impedir cortes del suministro en situaciones excepcionales y compatibilizando su aportación con el bono social estatal, que establece descuentos de entre el 25% y el 40%. La vía establecida para establecer este paraguas contra la pobreza energética consta en la reelaboración que el PP realizará de la iniciativa legislativa popular presentada hace dos años y medio para garantizar la cobertura total de luz y gas a las familias con menos recursos. El Ejecutivo gallego garantizará el pago del 50% del gasto eléctrico a los hogares que con ingresos inferiores a 11.278 euros anuales, cantidad que se incrementará en función de la presencia de menores: 15.038 en caso de uno y 18.797 en caso de dos.
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Al cierre de 2015, casi uno de cada cuatro hogares gallegos percibía menos de 1.000 euros mensuales, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Galego de Estatística, que para ese ejercicio situaba en 489.680 las familias que aseguraban no poder permitirse una "temperatura adecuada" en su casa. Equivalía al 18,1% de hogares gallegos y suponían 75.236 menos que un año antes.
Durante la crisis económica, el término pobreza energética permitió centrar la atención sobre las familias que pasaban frío por no poder hacer frente al recibo. Además, el coste del servicio se ha incrementado durante ese período, encareciendo un bien de primera necesidad. Durante el primer semestre de este año el encarecimiento alcanzó el 17%.
En mayo de 2015 entró en el Parlamento una iniciativa legislativa popular (ILP), impulsada por el sindicato CIG, para lograr una legislación "de medidas para garantizar la energía como servicio público y contra la pobreza energética". Desde entonces, dormía en los anaqueles de la Cámara, si bien el asunto se ha retomado esta semana designando a los miembros de su ponencia. Lo previsible es que s apruebe el año próximo.
Aunque se registrase antes de los comicios del año pasado, la ILP es la única iniciativa que no decae con el cambio de legislatura. El texto original apenas contaba con tres artículos que establecían el pago de la Xunta de las facturas de gas y electricidad para las familias que destinasen más del 10% de sus ingresos a estas partidas, pero no se quedaba ahí, sino que, en sintonía con la demanda del BNG, abogaba por una tarifa eléctrica gallega más baja que la estatal aludiendo a los centros de producción establecidos en la comunidad.
La recuperación del proceso legislativo supondrá una completa reelaboración del texto a cargo del PP, cuyas enmiendas varían incluso el título del proyecto y eliminan el término "pobreza energética". Con su mayoría absoluta, los populares tienen garantizado sacar adelante su proyecto de ley "de la eficiencia energética y garantía a la accesibilidad a la energía eléctrica".
La Xunta, sustentada por el PP, ya cuenta con dos tipos de ayudas para paliar la pobreza energética tras implantar la primera de ellas en 2014. Sin embargo, la aprobación de esta ley supone un blindaje total para un ayuda de al menos el 50% del recibo de la luz, pues ya no quedará vinculada a una orden puntual de ayudas, sino que establecerá un derecho. Eso sí, las enmiendas del PP se centran en las facturas "eléctricas", mientras que la ILP original incluía el gas.
El Ejecutivo modifica incluso toda la exposición de motivos de la norma y adopta el sistema estatal para determinar quién puede recibir estas ayudas. En lugar del porcentaje de ingresos destinado a los recibos, usa el barómetro de renta que la legislación estatal emplea para determinar quién es un "consumidor vulnerable": el hogar con menos de 11.278 euros -1,5 veces el iprem-, cifra que se eleva en función de si residen menores en él. La Xunta también deberá determinar que se encuentra "en riesgo de exclusión social".
Si los ingresos son un 50% inferiores a esas cifras se considerará "consumidor vulnerable severo" y si además la Xunta determina su "riesgo de exclusión social", se obligará a las eléctricas a no cortarles el suministro en caso de impago. De hecho, las enmiendas del PP establecen la obligación de que se informe siempre antes de un corte. En casos sin constancia de bajos ingresos, pero con "alguna circunstancia de naturaleza excepcional", la Xunta investigará si está justificada la paralización de la retirada del suministro.