27 de agosto de 2017
27.08.2017

La Xunta recauda 6.000 euros cada día en multas por casas, galpones o naves ilegales

Las sanciones por levantar edificaciones en suelo rústico o zona de costa no edificable crecen un 22% -Las piquetas baten récords de derribos, 125 en solo seis meses

27.08.2017 | 02:40
Vivienda derribada en una zona no urbanizable en Oleiros. // FdV

A golpe de expediente la Xunta trata de poner fin a las edificaciones levantadas en suelo rústico o zona de costa no edificable. Los inspectores urbanísticos peinan a diario Galicia para erradicar la política del "ti vai facendo" que por años imperó en los concellos gallegos y permitió levantar cientos de galpones, viviendas, naves e incluso urbanizaciones o hoteles ilegales. Las piquetas de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, batieron récord de demoliciones en los primeros seis meses del año, con 125 edificaciones reducidas a escombros, casi el 70% de los derribos ejecutados en todo 2016. Además de costear la demolición, los propietarios que se resisten a tirar la obra se enfrentan a una sucesión de multas, que pueden superar los 300.000 euros. Entre enero y junio, la recaudación de la APLU por estas sanciones urbanísticas -un total de 287, un 16% más que el mismo período de 2016- ascendió a 1.077.209 millones. O lo que es lo mismo, Xunta y concellos recaudan de media cada día 6.000 euros en multas coercitivas a propietarios amenazados por las piquetas y las excavadoras, un 22% más que el año pasado.

Desde que en 2008 el bipartito creó la APLU para poner coto al urbanismo desaforado en la comunidad, más de 900 construcciones ilegales fueron derribadas. 2016 fue el ejercicio con más órdenes de reposición ejecutadas (182), aunque de mantenerse el ritmo actual el balance de 2017 batirá un nuevo récord, ya que en solo el primer semestre se demolieron 125 construcciones en suelo rústico o zona de costa. Esta cifra se queda muy por encima de los 37 con que se cerró 2009 o los 72 de hace cinco años.

Pontevedra y A Coruña concentran el grueso de las reposiciones ejecutadas, casi el 80% del total. Pontevedra va a la cabeza, con 55 obras derribadas en el primer semestre del año, mientras en A Coruña fueron 41, en Lugo 22 y en Ourense 7.

¿Qué ocurre cuando a un propietario se le abre un expediente de reposición de la legalidad urbanística? La Xunta inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas autonómicas y municipales para su construcción. Si concluye que se ha cometido una infracción urbanística y no se solicitaron los permisos pertinentes para ejecutar la obra, se le comunica al interesado para que reponga la realidad alterada, desde cambios en la construcción hasta su demolición. De hacer caso omiso a la orden, se le interpondrá la primera multa coercitiva, que de seguir desistiendo el dueño, sumará nuevas sanciones. Si el infractor acata la orden de demolición tiene una bonificación en la multa del 80%. Si las sanciones no surten efecto, interviene la Administración -la Xunta en suelo no urbano y los ayuntamientos en el resto- para ejecutar el derribo de forma subsidiaria, reclamando los costes al dueño a posteriori.

La recaudación de sanciones por irregularidades urbanísticas en Galicia se reparte al 50% ente la Xunta y los ayuntamientos adheridos a la APLU -un total de 66: 11 de Pontevedra, 22 de A Coruña, 11 de Lugo y 20 de Ourense-, ya que es el Ejecutivo autonómico el que se encarga del complejo papeleo que supone tramitar las sanciones.

Desde que se creó la agencia de urbanismo hasta junio de este año, ambas administraciones tramitaron 4.110 multas coercitivas por un importe total que ronda los 10,5 millones de euros. Las 287 multas interpuestas en el primer semestre del año suman un importe que supera el millón de euros. La mayoría de expedientes sancionadores procede de concellos de Pontevedra, con un valor de casi 620.000 euros en solo seis meses. En A Coruña fueron 368.000; 51.000 en Lugo y 40.000 en Ourense.

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