Los atropellos a ciclistas en los últimos cinco años en las carreteras gallegas dejaron ocho muertos y un total de 491 heridos, 123 de carácter grave. De los más de 500 accidentes sobre pedales ocurridos en Galicia desde el año 2012, el 80% se produjeron en las provincias de Pontevedra (252) y A Coruña (182), que en ambos casos registraron cuatro víctimas mortales desde entonces. Un mes después de que Tráfico anunciase la retirada del carné a los conductores que acumulen al menos dos sanciones por alcohol o drogas en dos años para frenar las negras estadísticas de accidentes de tráfico, el Gobierno se propone endurecer las penas de cárcel para los conductores implicados en atropellos mortales. Por un lado, quiere elevar la condena de cuatro a nueve años en esos casos; por otro, tipificar como delito la omisión de socorro en un siniestro viario. En la actualidad, la pena máxima que puede recaer en la autora del atropello de Oliva (Valencia), que conducía bajos los efectos del alcohol y las drogas y acabó con la vida de tres ciclistas, son los cuatro años previstos por un delito de homicidio por imprudencia grave.
El PP registró ayer esta proposición no de ley, que ahora deberá ser admitida a trámite y sometida a enmiendas de los demás grupos parlamentarios. La iniciativa apuesta por calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas en los siguientes tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas o bajo la influencia de alcohol.
Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve según las circunstancias concurrentes. Con la propuesta de reforma penal, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves. O lo que es lo mismo, un conductor que cause varios muertos en un atropello -ciclistas o peatones-, se enfrentará a una pena de hasta 9 años de prisión, más del doble que en la actualidad.
Infracciones previas
La proposición introduce también la eliminación de la regla por la que con el Código Penal actual, cuando un conductor comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos o muerte, solo es castigado por la infracción más grave. Con la reforma, se posibilitaría que todas las infracciones del conductor previas al accidente se puedan sancionar de forma independiente, permitiendo un mayor castigo si concurren las circunstancias para hacerlo.
La propuesta de reforma penal también incluye un nuevo tipo penal que castiga con entre seis meses y cuatro años de cárcel a los conductores implicados en accidentes de tráfico con resultado de muerte que se fuguen del lugar de los hechos. En la legislación vigente, las fugas están sancionadas en teoría por el denominado delito de omisión del deber de socorro, pero cuando el fallecimiento de la víctima es inmediato, la fuga queda impune porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que no hay obligación de auxiliar a una víctima una vez ha muerto.
Más dureza
Desde la Federación Galega de Ciclismo, su presidente, Juan Carlos Muñiz, celebra que la iniciativa que defiende un endurecimiento de las penas por atropello. Sin embargo, se declara "no satisfecho" porque las condenas por imprudencias graves -9 años de cárcel- "se quedan cortas", ya que deberían equiparse a las que se aplican para los casos de homicidio o asesinato. Y en cuanto a las imprudencias leves, Muñiz lamenta que queden despenalizadas en esta propuesta, aunque espera que se corrija este aspecto durante la tramitación parlamentaria del texto legal.
