El carpetazo del Supremo a la reclamación de investigar a Blanco, Barreiro y De las Heras planteada por la juez Pilar de Lara supone un nuevo varapalo a una magistrada que en 2012 entraba en la agenda mediática para quedarse hasta ahora y, previsiblemente, durante bastante más tiempo.
De Lara ya había abierto entonces el caso Carioca, una investigación vinculada a la prostitución y trata de blancas que acumula más de cien imputados y ocho años de instrucción. Pero en 2012 abrió el caso Pokemon sobre una presunta trama de sobornos en ayuntamientos para lograr contratos públicos cuyo epicentro sería la empresa Vendex.
Esa investigación supuso un terremoto político y se cobró múltiples víctimas, como los entonces alcaldes de Ourense y Boqueixón, Francisco Rodríguez y Adolfo Gacio, pero todavía se mantiene abierta la instrucción. De hecho, De Lara mantiene nueve causas abiertas en total y, por tanto, no se ha producido ninguna condena. Por una de ellas se apartó de la vida pública José Ramón Gómez Besteiro cuando lideraba el PSdeG.
A ese impass se unen golpes de otros juzgados a las decisiones de De Lara. Las ramificaciones del caso Pokemon fueron extendiéndose poco a poco a las ciudades gallegas para luego saltar a Cataluña, Asturias, Cantabria o Baleares. Por ello, la juez abrió varias piezas separadas, ocho de las cuales han sido tumbadas por otros magistrados ante la falta de pruebas. El Supremo ya ha intervenido en este sentido en tres ocasiones.
