La Xunta enfila los últimos trámites para aprobar el reglamento que detallará su relación con la Iglesia y la metodología a seguir para regular la vigilancia del patrimonio protegido en sus manos. De hecho, la subcomisión de conservación de estos bienes entre ambos se reunirá al menos cada mes para testar el estado de conservación de estos y podrá aplicar medidas como el traslado o la sustitución por réplicas en caso de que detecten daños o peligro de deterioro. Ahí tendrá la última palabra la Consellería de Educación e Cultura.
Así consta en el borrador del decreto que regula "la composición y funcionamiento de la comisión mixta Xunta de Galicia-Iglesia Católica", que será aprobado en las próximas semanas, cumpliendo la promesa del Ejecutivo de darle luz verde este año para desarrollar la Lei do Patrimonio de mayo de 2016.
La relación entre el gobierno gallego y la curia se rige por los acuerdos del Estado con la Santa Sede de 1985 y el convenio autonómico firmado ese mismo año, así como por las leyes de patrimonio, pero carece de un reglamento que concrete obligaciones y funciones de cada órgano o la periodicidad de sus reuniones, como reconocen fuentes del departamento dirigido por Román Rodríguez. Opera sin un marco que obligue a cumplir unos determinados requisitos más allá de los aspectos recogidos en la ley, siempre más genéricos que el ulterior desarrollo reglamentario. Ese vacío es el que pretende llenar el decreto del que Cultura ya tiene borrador.
En noviembre de 2015, la Xunta prometió aprobar este año ese reglamento para mejorar la protección de los bienes catalogados de titularidad eclesial y que están en riesgo de deterioro. En 2011, el entonces fiscal de Galicia, Carlos Varela, afeó precisamente a la Iglesia su escaso control sobre sus bienes tras el robo del Códice Calixtino y propuso la elaboración de un inventario minucioso ante su importancia. Por ejemplo, en Galicia se encuentran 7.679 edificios religiosos singulares, según sus cifras.
La nueva Lei do Patrimonio Cultural eleva de 23 a 54 las faltas tipificadas por dañar bienes culturales y eleva la cuantía de las multas graves, que pueden alcanzar el millón de euros.
La comisión mixta Xunta-Iglesia, con cinco representantes por bando, elaborará un plan anual de necesidades y establecerá los "criterios de asignación de fondos propios de la Iglesia Católica que puedan destinarse a intervenciones en bienes eclesiásticos de valor cultural", así como las medidas de seguridad necesarias y los fondos aportados por el Ejecutivo. También determinarán el régimen de visitas del público. Se reunirá al menos dos veces al año.
Este órgano se divide en las dos subcomisiones ya existentes, pero sin normas de funcionamiento. La relativa a conservación del patrimonio se reunirá al menos mensualmente para revisar los informes sobre las obras en bienes religiosos protegidos, incluyendo los situados en el Camino de Santiago, que cuenta con un plan de protección independiente. También propondrá las soluciones de protección como el traslado, sustitución por réplicas o planes específicos de cuidado. Se mantiene la necesidad de que Patrimonio autorice obras en esta clase de bienes.
La otra subcomisión es la de registro de patrimonio cultura de la iglesia, que analizará la declaración de bienes de interés cultura y el traslado de estos y propondrá criterios para su catalogación. Celebrará reuniones al menos dos veces al año.
Un patrimonio vulnerableo
-Los templos gallegos superan los dos robos por semana de media - Los principales objetivos de los ladrones son los cepillos y no el arte
- Cuando desapareció el Códice Calixtino, muchas miradas se volvieron hacia el patrimonio custodiado por la Iglesia, entre ellas la de la Fiscalía Superior de Galicia -entonces ocupaba el cargo Carlos Varela-, que fue la principal valedora de la iniciativa, "Igrexa segura". Su objetivo era poner a recaudo de los ladrones los bienes históricos y culturales cobijados en alguna de las casi cuatro mil parroquias esparcidas por la comunidad. La propuesta no se basaba tanto en ocultar los objetos de más valor, como de inventariarlos y mejorar las medidas de seguridad de los templos.Pero si la sustracción del valioso manuscrito del siglo XII ocurría en julio de 2011 y la fiscalía lanzaba su propuesta menos de un mes después, el proyecto se quedó en el limbo y los templos del rural gallego siguen expuestos a robos.Aparte de las campanas -que pese a su volumen protagonizaron robos sonados en los últimos meses-, los principales objetivos de los cacos no serían los bienes artísticos. Estos "apenas" tienen protagonismo, al menos en las denuncias que llegan hasta la Guardia Civil. Según estos agentes, los ladrones van a lo práctico: a los cepillos u otros objetos a la vista dentro de la iglesia, incluso el móvil del sacerdote si se tercia, una impresión con la que coincide el Arzobispado de Santiago, que admite que su patrimonio está más expuesto en las zonas rurales.La Fiscalía proponía, entre otras medidas, inventariar las obras, lo que facilitaría su recuperación llegado el caso, algo de lo que tomó nota el Arzobispado de Santiago. Los consejos de seguridad de los agentes incidían en varios puntos, como la supervisión de las llaves o el control de accesos. En su momento el fiscal señaló que la Iglesia debería asumir el coste del dispositivo de seguridad y desde algún obispado se advirtió de que el problema del patrimonio gallego no eran las alarmas, sino "la falta de recursos para su conservación". La Xunta, una de las patas del convenio, se ofreció a ayudar, pero tres años después del robo del Códice declaraba que "no puede recaer solo sobre la Administración la responsabilidad económica".
