La UE vuelve a la carga contra España por el deficiente saneamiento de las aguas residuales y pone de nuevo el foco, en el caso de Galicia, sobre la situación de sus rías. Pero ahora, tras varias sentencias condenatorias y comprobar que el Estado español acumula un considerable retraso en la construcción y entrada en servicio de las depuradoras, inicia la vía sancionadora. La Comisión Europea anunció ayer que propondrá al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) que imponga a España una multa de 46,5 millones de euros por incumplir la directrices en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas del país, entre las que figuran tres gallegas: Vigo, Santiago y el área Aguiño-Carreira-Ribeira (orilla norte de la ría de Arousa).

"La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el medio marino", argumenta la Comisión Europea, que además de la sanción de 46,5 millones de euros, plantea una multa diaria de 171.217 euros hasta que se consiga cumplir íntegramente con las normas.

Esta propuesta de sanción se deriva de una sentencia condenatoria del TUE contra España en 2011 por infringir la legislación comunitaria al no sanear las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones, que ya en el año 2001 debían contar todas ellas con depuradoras adaptadas a los nuevos criterios de tratamiento. En esa sentencia de hace cinco años se señalaban en Galicia como aglomeraciones con un deficiente saneamiento Vigo, A Coruña, Santiago, Baiona, Tui, Noia, Ribeira, Cariño y Viveiro, junto con otras 29 localidades del resto de España.

Sin embargo, la Comisión Europea considera que a pesar de las sentencias y de que el plazo para construir las depuradoras se ha excedido en quince años, España sigue sin cumplir con sus obligaciones "para prevenir riesgos graves para a salud y el medio ambiente", por lo que apela al Tribunal de Justicia de la UE para que le imponga una multa porque de los 37 núcleos urbanos advertidos en la sentencia de 2011, en 17 de ellos todavía se aprecian deficiencias en los sistemas de tratamiento -tres de ellos en Galicia y el resto en Andalucía, Asturias, Valencia y Canarias-. "La cuestión sigue sin encontrar solución, hecho que afecta a 1,4 millones de personas", se recoge en el comunicado de la Comisión Europea.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Bruselas amenaza con multas a España por la situación medioambiental en Galicia. En la década pasada ya impuso una sanción de 20 millones por la deficiente calidad de las aguas de la ría de Vigo dedicadas a la cría de moluscos, pero la multa quedó aparcada provisionalmente en 2007 tras aceptar la Comisión Europea un plan integral de saneamiento en la ría, con la inclusión de la nueva depuradora y su inminente licitación como la pieza clave para devolver la calidad a las aguas.

Y este año, la el Tribunal de Justicia de la UE también emitió otra condena contra España porque la ría de Pontevedra incumple las normas comunitarias de tratamiento de aguas residuales, aunque en este caso por una directiva distinta por la que ahora se amenaza con una multa de 46,5 millones.