Es una tradición ya que las idas y venidas con el concurso eólico se cuelen en las grandes citas del Parlamento gallego. Ocurrió en las semanas previas a que el bipartito perdiera en 2009 el bastón de mando de la Xunta, entonces con el viento como arma arrojadiza de los populares contra el polémico primer reparto que enfrentó incluso al ala socialista con el área gestionada por el Bloque, encargado del proceso. Y sigue hablándose todavía a estas alturas por las enormes incertidumbres que rodean a la segunda puja, la que lanzó el PP tras reconquistar San Caetano y anular la anterior. El estancamiento del que iba a ser el mayor estímulo para la economía regional en la historia reciente y el antídoto a la crisis que se avecinaba -5.953 millones de euros de inversión acumulada y 13.266 empleos directos e indirectos, exactamente- puso en bandeja las críticas de la oposición en todos los debates sobre el estado de la autonomía y en la investidura esta pasada semana del presidente. Alberto Núñez Feijóo pasó de puntillas esta vez por la discusión y sin incluir la eólica como prioridad en su tercera legislatura. El concurso cumple seis años. Lo hará el sábado, 19 de noviembre. Los primeros parques se preveían para 2012, luego se habló de 2014 y la reforma energética acabó por dejarles sin fecha oficial a la vista. Ni uno empezó a funcionar desde entonces y, de hecho, se autorizó menos de una cuarta parte del total previsto inicialmente.
Las cosas cambiaron mucho desde el anuncio de los ganadores de los 2.325 megavatios (MW) que ofertó la Consellería de Industria. Por no estar ni existen las dos cajas de ahorros, a punto de fusionarse aquellos días, que sumaban 166 MW, en manos ahora de una firma energética controlada por Honorato López Isla, ex consejero delegado de Fenosa. La eléctrica fue la principal adjudicataria, con 339 MW, pero en julio de 2014 anunció que renunciaba al 41% después de que la Xunta decidiera facilitar esa opción a las compañías que quisieran. Con el desestimiento de Gas Natural Fenosa y la potencia retirada a los concursantes que estaban cumpliendo sus contraprestaciones industriales -especialmente el caso de Estela Eólica, tercera beneficiaria (186 MW), que iba a levantar una incineradora a cambio-, la potencia cayó a 1.941 MW.
En los seis años que van, Industria autorizó el 24% de los parques aprobados -22 de 91, según los datos de la consellería- y el 23% de la potencia, unos 531 MW. La inversión de estos proyectos alcanza los 672 millones y, según la Xunta, los planes industriales asociados al concurso "están generando una inversión de 1.000 millones de euros y más de 2.000 empleos directos en la comunidad".
Además de la debilidad que muchos de los planes industriales tenían desde el principio -se llegó a prometer un hospital- y la estocada del fin de las primas a las renovables en la reforma auspiciada por el anterior ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre el concurso eólico planea la sombra de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que a principios de este año, como adelantó en exclusiva FARO, tumbó el reparto porque la revisión de los proyectos "es disconforme a derecho". Se vulneró el principio de igualdad y existió discriminación, por lo que el TSXG ordenó dar marcha atrás en el proceso y repetir las valoraciones.
Un fallo recurrido por la Xunta en el Supremo -en el Gobierno gallego, que no contestó a la demanda de la empresa Capital Energy hasta la fase de conclusiones, insisten en que esa sentencia se contradice con otras anteriores-, pero que tiñe de inseguridad a los promotores que quieran ir adelante con sus parques ante futuras subastas de potencia del Gobierno central para arañar algún tipo de remuneración a mayores de los ingresos por la energía producida.
Retribución específica
Con ese objetivo, allanar el camino al sector de cara a las pujas de la llamada "retribución específica", prácticamente todas las comunidades están cambiando los mecanismos que tenían para la distribución de potencia. Castilla-La Mancha, principal competidora de Galicia en el aprovechamiento del viento como fuente de electricidad, cuenta con un borrador de decreto que elimina el sistema de concursos para la eólica. Lo mismo hicieron antes Aragón, Canarias y Cantabria. Andalucía y Extremadura eliminaron la obligación de presentar planes industriales al margen de los parques para conseguir potencia. Galicia va camino de quedarse sola en este tipo de cribas, que chocan con la ley del sector eléctrico que el Gobierno renovó en 2013 y cierra la puerta a que las instalaciones tengan que pasar por pujas autonómicas. Hay casi 10.000 MW en España autorizados así.
La convocatoria de una subasta de potencia con derecho a retribución específica era uno de los asuntos que esperaban la formación del nuevo Ejecutivo para ver la luz. Todo apunta a que a finales de este año o principios del próximo pueda celebrarse una o incluso dos. La primera tras la reforma energética fue en enero. Al tratarse de una puja y como algunas compañías presentaron ofertas sin incentivo alguno, la subasta se cerró con una remuneración de cero euros, aunque con el derecho a que esa cantidad se pueda revisar en función de los precios de la energía más adelante. EDP consiguió 90 MW.
El grupo está entre los que amasan potencia en Galicia desde antes del concurso. La bolsa de megavatios pendientes en la comunidad de la etapa de Manuel Fraga ronda los 400, entre los que EDP acaba de sacar del cajón dos parques.
