El Consejo de Ministros acordó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra varias medidas destinadas a controlar a las eléctricas que la Xunta incorporó a la ley de los presupuestos del pasado 2015. El Estado cuestiona, concretamente, tres preceptos vinculados al cálculo de la retribución del servicio en el sector eléctrico, como el tratamiento de las solicitudes de potencia eléctrica de los operadores económicos en suelos industriales, los cobros por equipos de medida con capacidad para la telemedida y la telegestión, y el régimen de la obligación de facturación con base en consumos reales y sus excepciones. El recurso se plantea por motivos competenciales al considerar que el Gobierno gallego invade sus competencias.

Según el Ejecutivo, la regulación de los preceptos impugnados contradice lo dispuesto en las normas que, en desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, se dictaron en relación con los aspectos citados.

Una de las principales medidas afectadas por el conflicto entre las dos administraciones, que ya cerraron una mesa bilateral sin acuerdo, tiene que ver con los contadores inteligentes. Los usuarios no tendrían que pagar, según la normativa gallega, ningún tipo de arrendamiento por el dispositivo "hasta que el equipo esté efectivamente integrado en el correspondiente sistema y plenamente operativo". La sanción por hacerlo alcanzaba los 600.000 euros. La Xunta instauró también la obligación de que los cobros se hicieran "con base a lecturas reales" y que no bastaba una notificación para dar por hecho que el cliente acepte lo contrario.