Las operaciones financieras se suceden en Xestur para intentar sanear sus cuentas, que en el año 2014 se cerraron con deudas que se acercaban a los 240 millones de euros entre los préstamos pendientes de amortización (174 millones) y los acreedores comerciales (65). En el pasado ejercicio, para reducir su pasivo, la empresa participada mayoritariamente por la Xunta que gestiona el suelo público de Galicia ejecutó una operación de rescate similar a la realizada en 2013, al inyectar capital por 31,32 millones de euros y suscribir un nuevo préstamo por 135,6 millones de euros para cancelar otro formalizado en 2013 aprovechando las actuales condiciones más ventajosas del mercado, lo que le permitió ahorrar 15 millones de euros en intereses, según informó la Consellería de Infraestruturas e Vivenda.
Aún así, Xestur acumula un considerable pasivo, situación de la que la Xunta culpa al bipartito (2005-2009). Al principio de esa legislatura eran cuatro las xestures que operaban en Galicia -una por provincia- y su deuda financiera rondaba los 30 millones de euros. Pero en 2008 se cerró el año con un pasivo financiero que se había disparado hasta los 180 millones de euros en pólizas a corto plazo. Y junto a esto, las cuatro sociedades habían adquiridos compromisos de gasto que superaban los 900 millones de euros para desarrollar una treintena de actuaciones de suelo empresarial y residencial. "Eso a pesar de que las ventas anuales medias en el periodo 2005-2008 ascendían a 25 millones de euros, lo que ya daba idea de la desproporción entre compras, inversiones y ventas", sostiene la actual Xunta.
Estos ambiciosos planes de desarrollo de suelo se truncaron por la crisis y llevaron a las Xestur a una situación financiera muy crítica. Se compraron, con cargo a créditos bancarios, millones de metros cuadrados de suelo para construir parques empresariales que el mercado no compró al estallar la burbuja inmobiliaria. Con ella, se fueron abajo todas las previsiones financieras para hacer frente a la devolución de los préstamos y también los compromisos para invertir otros 900 millones.
Ante esa situación, la Xunta de Feijóo ejecutó en 2013 la primera operación de rescate para pagar la deuda y evitar la quiebra de la empresa pública. Integró las cuatro sociedades provinciales en una única Xestur y procedió a la inyección de 32 millones de euros en una ampliación de capital, que suscribió íntegramente el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Esto hizo que la participación de la Xunta en el accionariado de Xestur aumentara hasta el 95%, quedando el resto en manos de las diputaciones provinciales, aunque en el caso de la de Pontevedra es puramente testimonial (del 0,3%).
Además, ese mismo año solicitó un préstamo sindicado por 174 millones de euros para agrupar en un solo crédito todas las pólizas que tenía Xestur desde la época del bipartito. "Fue una operación de refinanciación que permitió aplazar a ocho años pólizas con vencimiento inmediato, garantizando la viabilidad de la sociedad", asegura la Consellería de Infraestruturas e Vivienda.
Y dos años después, la Xunta ha vuelto a repetir prácticamente la misma operación de rescate financiero de la empresa pública del suelo. A mediados de 2015 acometió una operación acordeón, reduciendo, a causa de las pérdidas, el capital en 9,25 millones de euros por medio de la rebaja del valor nominal de las acciones y ampliándolo luego en 31,3 millones de euros aportados íntegramente por el IGVS, ya que las diputaciones renunciaron hacerlo -por lo que su participación accionarial ahora es aún menor-. Y en noviembre se suscribió un nuevo préstamo de refinanciación por 135,6 millones de euros, aprovechando los intereses más bajos del mercado actual, para cancelar la parte sin amortizar del de 2013. "Las condiciones favorables de este nuevo préstamo suponen un ahorro de cerca de 15 millones de euros en intereses", asegura la Xunta, quien sostiene que las pérdidas que registra Xestur después de la fusión "se deben exclusivamente al pago de los intereses correspondientes al endeudamiento producido en le etapa del bipartito".
La empresa pública, con estas operaciones, cerró 2015 con una deuda financiera de 135,6 millones de euros, reduciéndose en 23 millones con respecto a 2014.
