La auditoría de la Diputación de A Coruña a las subvenciones y contratos con las empresas y asociaciones implicadas en la operación Zeta ha detectado infracciones "muy graves" en las ayudas concedidas a las entidades sin ánimo de lucro presididas por el principal imputado y supuesto cabecilla de la trama, el empresario Gerardo Crespo.
El Gobierno provincial dará cuenta hoy en pleno del informe del departamento de Intervención, que fue solicitado por el BNG en octubre de 2014 a raíz de que se levantase el sumario del proceso judicial que investiga el supuesto fraude de más de 20 millones de euros en ayudas y adjudicaciones de administraciones públicas. Sus conclusiones serán trasladadas al juzgado.
La Diputación ha investigado en total 15 subvenciones concedidas entre los años 2009 y 2012 a las entidades implicadas en la operación Zeta, ocho de ellas vinculadas al empresario Gerardo Crespo. El departamento provincial también ha detectado graves infracciones en dos subvenciones concedidas a un trabajador de la Diputación, Juan Sáenz-Chas. en calidad de presidente de la Asociación de Vecinos de La Marina (es a su vez presidente la Federación de Asociaciones de Vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáenz-Chas, de la que es vicepresidente Gerardo Crespo).
La auditoría concluye que Gerardo Crespo y Juan Sáenz-Chas no han podido acreditar que se realizasen las actividades para las que fueron concedidas las ayudas, dirigidas en su mayor parte la impartición de cursos y talleres. En todos los casos, Intervención ha comprobado que los trabajos habían sido concertadas y facturadas por empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama.
El principal implicado en la operación Zeta había solicitado las ayudas a través de la Asociación de Empresarial de Discapacitados, la Asociación de Vecinos del Ensanche y la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y Formación en Galicia. Y Juan Chas obtuvo dos como presidente de la referida Asociación de Vecinos de La Marina.
Se trata de subvenciones de escaso importe, que oscilaban entre 498 a 2.278 euros. Las solicitadas por Gerardo Crespo iban dirigidas a realizar cursos de atención sociosanitaria (599 euros), jornadas de igualdad en el ámbito laboral (797 euros), una ruta de museos (2.278 euros), un taller de instrumentos musicales (1.097 euros), jornadas sobre los derechos de mujeres trabajadoras (1.247 euros), de fomento del autoempleo (599 euros) o una "senda virtual de la cultura" (697 euros).
Intervención ha comprobado que los trabajos fueron facturados por empresas de su conglomerado empresarial, como ediciones Transfontao, Gercreri, Gecam Formación, Crea2 Ediciones, Propuestas Empresariales, Informaziona o Mavilga. En todos los casos, la Diputación intentó notificar sin éxito las conclusiones provisionales de la auditoría a las empresas.
