La causa por un presunto delito de cohecho contra el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, por alquilar con sobreprecio unos bajos en Vigo continúa adelante.
El titular del juzgado número 2 de Cambados, Juan Manuel Hermo, decidió ayer que continuase el procedimiento y que no se archivase el caso tras escuchar a las defensas de los tres imputados y a la Fiscalía. Ninguno de los tres imputados declaró. El presidente de la Diputación aseguró tanto antes como después de pasar por el juzgado que su intención es ponerse "a la absoluta disposición y mostrar toda la colaboración con la Husticia".
Ante la negativa a contestar a las preguntas del Fiscal, la tramitación de la causa sigue adelante a la espera de que se aporten una serie de diligencias acordadas por el juez a petición de la propia Fiscalía. Esas diligencias serían el acceso a todas las retribuciones que ha percibido Severino Reguera, diputado provincial del PP y propietario de Brunopan, firma a la que se le alquilaron los bajos, por su cargo.
El objetivo es clarificar si existió algún tipo de contraprestación para Severino Reguera por haber alquilado los locales que pertenecen a Rafael Louzán y a su esposa. En principio, reconocen desde el Ministerio Fiscal, los trámites solicitados no son excesivamente complejos, por lo que en un mes se considera que pueden estar en las dependencias judiciales.
Por su parte, la defensa de Reguera, Louzán y la esposa de este último realizaron unas periciales sobre la valoración de los alquileres en las que se concluye que son adecuadas al precio de mercado y solicitaron la declaración de los representantes de una serie de inmobiliarias.
El fiscal, Augusto Santaló, reconocía que la cita de ayer "era para declarar, y había muchas cuestiones a preguntar, desde la forma de pago a los términos del contrato de arrendamiento de los bajos de Vigo, pero no respondieron a nadie, aunque están en su derecho y podrán hacerlo en cualquier otro momento si lo estiman oportuno".
Por su parte, el presidente provincial declaró a su salida: "Estuve presente en todas las aportaciones que realizaron las defensas, y entendimos que tendrá que haber otra comparecencia más al ser las ocho de la tarde". Louzán insiste en que va a "aportar toda la documentación que se pide. "Estoy aquí para dar todo tipo de respuesta a aquello que se me quiera preguntar", dijo.
Una de las cuestiones en las que trató de hacer hincapié el presidente de la Diputación es en que el proceso "es una cuestión de ámbito privado, un contrato de arrendamiento entre dos personas privadas que nada tiene que ver con el cargo" que ostentan ambas. Louzán aseguró que "ninguna de las decisiones adoptadas en la Diputación han tenido que ver con favorecer a tal o cual persona".
Louzán recuerda que tiene una serie de potestades, como la designación de vicepresidentes, miembros de la junta de gobierno de la Diputación o de los diputados con dedicación exclusiva. "Severino Reguera no se encuentra en ninguno de esos casos y para él supondrían una serie de retribuciones importantes, pero él está como un diputado más, igual que un integrante de los grupos de la oposición", ya que solo percibe retribuciones por asistencia a plenos y comisiones informativas. Louzán se mostró esperanzado en que, pese a continuar adelante, el proceso no vaya mucho más allá. "Ojalá se pueda archivar, porque entendemos que se hizo conforme a un arreglo estrictamente mercantil", indicaba al término de su comparecencia en los juzgados de Cambados.
Mientras, la Fiscalía cree que es necesario clarificar los motivos por los que se firma ese contrato que, en principio, es un arrendamiento privado, pero en el que participan "dos personas de ámbito público, un arrendatario que recibe retribuciones del organismo público que preside el arrendador", explican. Desde el Ministerio Fiscal señalan que "lo fundamental de las diligencias ya está hecho, tan solo queda por completar pequeñas cuestiones".
El proceso, iniciado a raíz de una denuncia anónima pretende clarificar las circunstancias en las que se adquirieron unos bajos comerciales en la calle de As Teixugueiras de Vigo por parte de Louzán y su esposa, y como estos acabaron siendo alquilados posteriormente a la sociedad de Severino Reguera. Santaló explicaba ayer que la empresa Brunopan "es el interesado en comprarlos, pero los compran unos particulares y Brunopan acaba pagando unos alquileres, al menos iguales o superiores que el coste de un crédito hipotecario". El caso sigue adelante, explica Santaló, manteniendo los mismos términos de la querella que en su día presentó la propia Fiscalía salvo pequeñas puntualizaciones. "Una vez que se incoa el tribunal de jurado, hay que precisar claramente los hechos que se le atribuyen, y en esa fase nos encontramos", explica.
