La mujer de Gerardo Crespo, María del Carmen Canel Crespo, asegura no saber nada sobre la presunta trama dirigida por su marido dedicada a defraudar subvenciones para cursos de formación. Figuraba como administradora única de varias empresas que formaban parte de la supuesta organización delictiva investigada en la trama Zeta, pero ayer, ante la juez, insistió en que desconocía ese hecho. "Yo firmaba lo que mi marido me ponía delante", espetó a la titular del Juzgado de Instrucción número 6, que es la encargada de investigar el caso, en el que hay 30 imputados, entre ellos cinco altos cargos de la Xunta, empresarios, sindicalistas y dirigentes de asociaciones.

"Yo confiaba y sigo confiando en mi marido", subrayó la mujer, imputada por fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental. La sospechosa, según consta en el sumario, era la única mandataria de entidades presuntamente fraudulentas creadas solo con el objetivo de captar subvenciones de las administraciones, principalmente de la Xunta. Para el abogado de Crespo, José Ramón Sierra, María del Carmen Canel es "ajena a los negocios de su marido, igual que la infanta" [Cristina].

Aunque en los asuntos empresariales se mantenía al margen, según su versión, sí estaba al tanto de las amistades de su esposo. Ayer contó a la juez que tanto el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), como el histórico del PPdeG y actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, eran "íntimos amigos" de su marido. La imputada, además, manifestó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó a Pachi Lucas a su esposo. Crespo sostiene que tiene pruebas de que abonaba 3.000 euros al mes al empresario madrileño "amigo de Feijóo" para que le consiguiese subvenciones.

De hecho, declaró ayer que en mayo de 2012, un mes antes de los registros policiales a las empresas que formaban la presunta trama, acompañó a su marido a Madrid porque había concertado una reunión con Lucas en una cafetería del barrio de Salamanca. Crespo insiste en que en ese encuentro el empresario le contó que había dejado de contestarle al teléfono porque le habían advertido que lo tenía pinchado.

La declaración judicial también sirvió para arrojar luz sobre las revelaciones de Crespo sobre su ruina económica por culpa de la investigación, que lo obligó incluso a acudir a Cáritas, según aseguró el mes pasado. Su esposa reveló ayer que ambos viven de la pensión de gran dependiente de su esposo, que asciende a 3.400 euros mensuales.

La policía cifró en cuatro millones de euros el patrimonio de Crespo y sus gastos mensuales en unos 5.000 euros, según el sumario.