Las sanciones de la Xunta al sector eléctrico se disparan. Entre enero y octubre de este año el Gobierno gallego impuso 443 multas por abusos a los consumidores en los recibos de la luz, un 52 por ciento más que en 2013. Engaños al cliente cuando se cambia de operadora, facturas donde se cobra de más o recargos indebidos por superar la potencia límite contratada son los principales motivos de queja de los usuarios. Solo en los diez primeros meses de este año el Instituto Galego de Consumo (IGC) recibió más de 3.000 reclamaciones relacionadas con el sector eléctrico y en la mitad de los casos resolvió a favor del consumidor. Pero además multó con 4,8 millones de euros a las empresas por prácticas irregulares, casi el triple de la cuantía recaudada el pasado año (1,8 millones de euros) por irregularidades en el sector.
Las sanciones a las eléctricas acaparan de hecho el 63 por ciento de todas las sanciones impuestas por Consumo entre enero y octubre de este año, que superan en conjunto los 8,5 millones de euros.
La presidenta de la Unión de Consumidores de Galicia, Ana Olveira, explica que las irregularidades se dispararon desde que se liberalizó el mercado eléctrico. A esto se suma el malestar ciudadano por los continuos incrementos en el precio de la luz que ha empujado a los consumidores a mirar con lupa los recibos que les llegan a casa.
La Xunta ha tomado conciencia y aplica mano dura con los abusos de estas compañías. Aunque las reclamaciones que presentaron los usuarios se mantienen con respecto al pasado año, el número de sanciones se ha disparado hasta las 443, casi tantas como las impuestas a empresas eléctricas entre 2009 y 2013. En ese periodo, según había explicado el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, en el Parlamento, se abrieron 476 expedientes sancionadores y se aplicaron multas por valor de 3,5 millones de euros. Esto significa que solo en los diez primeros meses de 2014 la cuantía de las sanciones (4,8 millones) ya supera a la totalidad de las impuestas durante los cuatro años anteriores.
Las reclamaciones más habituales, según la Unión de Consumidores de Galicia, son las relacionadas con los cambios de operadora. Según denuncia Ana Olveira, se están detectando casos de técnicos que acuden a domicilios haciéndose pasar por personal de su compañía eléctrica, pero que en realidad pertenecen a una empresa de la competencia. "Piden los datos del consumidor con la excusa de ver si están cobrando bien los recibos y con el paso del tiempo te envian una carta dándote de alta en una compañía distinta", advierte.
La otra "trampa" en la que caen los clientes consiste en cambiarse a otra suministradora después de que ésta le ofrezca unos descuentos que después cuando llega la primera factura no se aplican.
Las irregularidades en la facturación son otro de los motivos de queja más frecuentes por parte de los clientes. En ocasiones los consumos que fija el recibo no se corresponden con el gasto real en luz. En otros casos las compañías intentan cobrar a los consumidores facturas de hace más de un año. "Esto es una irregularidad, la ley no permite a las empresas hacer cobros con esta antigüedad", aclara la presidenta de la Unión de Consumidores de Galicia.
El otro punto de fricción entre clientes y compañías eléctricas está en la instalación del limitador de potencia. Cada usuario tiene una potencia contratada en su domicilio y para no sobrepasarse la compañía está obligada a informarle sobre la obligatoriedad de contar con este aparato. Hay casos en los que la compañía penaliza al consumidor por no disponer de este limitador de potencia, sin que haya constancia de que la empresa hubiese informado al cliente de esta obligación. En otros casos, pese a tener instalado este controlador la eléctrica cobra igualmente un recargo en su factura. "Estamos hablando de una penalización de 50 euros en el recibo de la luz que muchas veces aplican por defecto y que solo te dejan de cobrar si llamas para quejarte", explica Olveira.
La falta de información de muchos usuarios sobre las diferencias de estar en el mercado regulado o en el mercado libre también son origen de reclamaciones por parte del consumidor. Así, por ejemplo, las familias beneficiarias del bono social solo pueden disfrutar de este descuento si tienen una tarifa regulada. Pero en ocasiones las compañías eléctricas les ofrecen ventajas para pasarse al mercado libre sin informarles de que si lo hacen pierden el derecho al bono social. "Siempre que pueda tu compañía va a intentar pasarte al mercado libre", advierten desde la Unión de Consumidores de Galicia.
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Seiscientas irregularidades en el sector de la telefonía
- Aunque el grueso de lo recaudado en multas por el Instituto Galego de Consumo este año corresponde a las eléctricas (4,8 millones de euros del total de 8,5 que se recaudaron), hay un sector que gana al energético en número de expedientes sancionadores: las operadoras de telefonía móvil. Entre enero y octubre la Xunta detectó 604 irregularides, aunque conllevaron sanciones de menor cuantía que el sector energético: de solo un millón de euros en conjunto.Según los datos aportados por Consumo, en los diez primeros meses del año se abrieron un total de 1.747 expedientes sancionadores, un 35 por ciento relacionados con el sector de la telefonía, seguidos por la energía eléctrica, con un 25 por ciento.Otras 108 multas fueron a comercializadoras de aparatos electrónicos; 84 fueron impuestas al sector del automóvil; 47 al textil-calzado; 44 en el área de alimentación; en materia de salud y estética hubo 41 sanciones; a transportes, 38; y finalmente 26 a establecimientos turísticos, 24 a colegios y academias y solo 12 al sector bancario.Las reclamaciones de los usuarios superaron las 17.800 y un 45% ya fueron resueltas.