Todos los cargos públicos salpicados por el último auto de la instructora de la Pokemon se mantienen en sus puestos. Por el momento los políticos investigados por cohecho y sus partidos descartan que vayan a producirse dimisiones. En Ferrol, BNG e IU ya anunciaron su intención de pedir la dimisión del alcalde, José Manuel Rey Varela, si la juez mantiene los cargos contra él una vez preste declaración el próximo lunes ante la juez Pilar de Lara. Aduanas atribuye al también presidente de la Fegamp haber recibido de Vendex una mordida de 3.000 euros en la campaña de las elecciones municipales de 2011. El regidor lo ha negado.

Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), entidad que Rey Varela preside, solo los regidores del Bloque sopesan exigir su renuncia. "El criterio de nuestro partido es claro: si se produce una imputación hay que actuar de inmediato. Es un ejercicio de transparencia", explica el portavoz del BNG en la Fegamp y también alcalde de Allariz, Francisco García. En los próximos días, los dirigentes del Bloque debatirán qué peticiones concretas llevarán a la reunión ejecutiva de la Fegamp en relación al último auto dictado por la juez Pilar de Lara.

Desde el PSdeG, el criterio ante una imputación es que un cargo dimita si es procesado, es decir si se abre juicio oral. "No se puede pedir en base a conjeturas o apreciaciones genéricas de informes policiales, sino cuando se aprecien indicios razonables contra alguien", defiende el líder del PSOE en la provincia de A Coruña y diputado en el Parlamento, Francisco Caamaño. El PSdeG cuenta con varios imputados en la Pokemon, entre ellos el regidor de Lugo y un edil en A Coruña.

Por el contrario, la viceportavoz de AGE y coordinadora de EU, Yolanda Díaz, reclamó explicaciones a PP, PSOE y BNG sobre las donaciones investigadas por la juez de la Pokemon y defendió la dimisión de todos los imputados, a quienes los responsables de Vendex habrían repartido más de 47.000 euros durante la campaña electoral de las municipales de 2011.

Por otra parte, el primer teniente de alcalde de Ferrol, Guillermo Evia, defendió la inocencia del regidor y aseveró que la urbe sigue "a salvo de la corrupción". "Conozco a José Manuel desde hace muchos años y tengo plena confianza en él", afirmó el primer teniente de alcalde, ante la imputación del regidor ferrolano por un presunto delito de cohecho.

Sobre cuándo se rescindió la contratación con Sermasa, del Grupo Vendex, que gestionaba los recintos culturales del Teatro Jofre y del Centro Cultural Torrente Ballester, señaló que creía que fue durante el primer año del actual gobierno local.