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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.// Fernando Alvarado

Las defensas de los exdirectivos de las cajas ven en la Fiscalía "meras conjeturas desvirtuadas"

Los letrados recuerdan que los consejeros y el comité de retribuciones reconocieron que tenían los contratos a su disposición y que el Banco de España los avaló por escrito

Con las conclusiones provisionales de las dos fiscales de Anticorrupción encargadas del caso de las prejubilaciones millonarias ya anunciadas, llega el turno de los antiguos directivos de las cajas gallegas, que cuentan con diez días de plazo también para presentar las suyas. En eso están ahora mismo sus respectivas defensas, a las que al menos hasta ayer por la tarde no se les había notificado "oficialmente" el dictamen y si ése será, además, el texto definitivo. Por lo que ha podido saber FARO en fuentes cercanas a varios de los imputados, la sensación que les queda es que la acusación se asienta en "meras conjeturas" y en "presunciones que han sido desvirtuadas a lo largo de la fase de instrucción". "Y que lo volverán a ser en el acto del juicio", apunta uno de los letrados que trabaja con los ex altos cargos. Por ahí irá su estrategia, que tendrán que presentar al juez Ismael Moreno para la apertura del juicio.

Las fiscales apuntan en su escrito un supuesto acuerdo, "movido por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial", para "introducir diversas mejoras económicas" en los contratos de alta dirección "que garantizaran una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión". Porque Anticorrupción remonta todo hasta los meses de negociación de la operación, en mayo de 2010. En ese presunto pacto estarían José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, al que luego se sumaría también Javier García de Paredes. Y todo con la "colaboración necesaria" de Julio Fernández Gayoso como refrendador de las condiciones contractuales y el abogado asesor Ricardo Pradas, de espaldas, según las fiscales, al consejo de administración y el Banco de España.

"Se habla de ocultaciones al consejo cuando hasta los tres únicos consejeros en que la Fiscalía fundamenta su acusación, de los 21 que componían dicho órgano, reconocieron tener a su disposición los contratos antes de la junta", explican en el entorno de las defensas de los directivos procedentes de Caixanova. En esa misma línea, los abogados recuerdan que los miembros del comité de retribuciones reconocieron ante el juzgado que se consideraban "suficientemente informados sobre los mismos cuando votaron su aceptación". Por parte del Banco de España "quedó igualmente acreditado" que sus inspectores examinaron los contratos y que no propusieron "medida alguna" sobre ellos. Como ya publicó este periódico, existen, además, informes internos "en los que se otorga legitimidad a los mismos". Documentos todos, que, dicen, obran en la causa.

En referencia a la pericial realizada por la Dirección General de Seguros, los abogados destacan cómo durante la instrucción se demostró "que la novación de los contratos firmada en 2010 no generó mejoras económicas no reconocidas por sus anteriores contratos y por los acuerdos de fusión aplicables a toda la plantilla". Para el caso concreto de Gayoso, que en las conclusiones provisionales se le señala como "máximo gestor" de Novacaixagalicia, el letrado Carlos Sáinz apela a su función de "copresidente no ejecutivo", "sin facultades decisorias para la adopción de decisiones que solo le correspondían al consejo". Otro de los ejemplos del "desvirtuamiento" está en la insistencia de la Fiscalía en que los directivos tenían planificado marcharse, pese a que, rememoran, se encargó la fusión a los de origen en Caixanova y que su salida se precipitó por la decisión del presidente de NCG, José María Castellano, que condicionaba su salida a que llegaran los fondos extranjeros que nunca finalmente entraron.

Como ejemplo de "la inconsistencia de la imputación" ponen la propia calificación jurídica de los hechos, "que sigue sin concretarse". Las fiscales apuntan a apropiación indebida, administración desleal o alternativamente estafa".

Javier García de Paredes -el único que se fue con el banco en funcionamiento y con la firma de Castellano a su desestimiento- hace varios meses cambió de bufete para su defensa, que opta de momento por mantener silencio.

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