Una vez aprobada, la reforma local sigue enfrentando a las administraciones. Durante el año y medio de negociaciones, los ayuntamientos, de todos los colores políticos, se rebelaron contra el texto promovido por Hacienda y los ejecutivos autonómicos, entre ellos la Xunta, también presentaron alegaciones. Ahora es la ley exprés impulsada por la Xunta para encajar a las particularidades de Galicia a la reforma local la que está bajo la lupa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La normativa será analizada "minuciosamente" por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, que no descarta la posibilidad de recurrirla al Tribunal Constitucional.
La ley interpretativa de la Xunta, que ahora está en tramitación parlamentaria, junto con el decreto ley para clarificar las competencias locales de la Junta de Castilla y León ya están en manos de Hacienda. Según avanzó ayer la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, Hacienda está estudiando ambas normativas autonómicas para determinar si hay causa de inconstitucionalidad.
En el caso de que el Ejecutivo central aprecie invasión de competencias, en primer lugar tratará de llegar a un acuerdo con la Xunta y la Junta de Castilla y León. De no alcanzarlo, interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Con la ley de adaptación de la reforma local, la Xunta blinda la actual cartera de servicios municipales siempre que no supongan un quebrantamiento de la economía local. Y solo aquellos ayuntamientos que quieran asumir más prestaciones de las que tienen en la actualidad, sean o no de su competencia, serán sometidos a una auditoría por parte del Ejecutivo autonómico para comprobar su solvencia financiera.
Calendario
La futura ley, pactada con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), fija también el modo y el plazo del traspaso de las competencias impropias de los ayuntamientos al Gobierno gallego, aquellos servicios que pese a ser de titularidad autonómica son prestados y costedados por los concellos.
Sobre la sanidad, la Xunta continuará asumiendo el mantenimiento de los centros de salud, cuyo traspaso se completará en un plazo de cinco años a razón de "un 20% anual".
En cuanto a educación y servicios sociales, se propone regular las condiciones de trapaso de medios económicos, materiales y personales cuando sean delegados a los ayuntamientos. Es decir, el coste de estos servicios será financiado por el Ejecutivo autonómico si finalmente ambas administraciones acuerdan que siguan prestándolos los concellos. Este traspaso se hará cuando el Gobierno central desarrolle el nuevo sistema de financiación autonómico, previsto para el próximo año.
