06 de noviembre de 2013
06.11.2013

La Xunta avisa con llevar al Constitucional la supresión de las primas a las renovables

Industria fuerza una negociación para cambiar el nuevo modelo que reduce la retribución de las instalaciones renovables - Considera que el sistema "perjudica" al sector gallego

06.11.2013 | 01:47

Decidida ya la revisión del concurso eólico, la Consellería de Industria ha dado otro paso para dar oxígeno a las renovables gallegas ante los continuos cambios introducidos por el Ministerio de Industria en la regulación energética que hacen tambalear un sector considerado hasta ahora estratégico en la comunidad. La Xunta ha abierto un conflicto institucional con el Gobierno central y le ha forzado a negociar, bajo la advertencia de acabar con un recurso ante el Tribunal Constitucional, cuatro preceptos el real decreto del 12 de julio en el que establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

En esta norma, una más del variado catálogo de reformas impulsado por el ministerio de Soria, entre otras medidas reduce la retribución que reciben las renovables por vender electricidad al sistema, ya sea producida por los parques eólicos o incluso por Sogama, y elimina las primas -igual que se hizo en enero de 2012 para las nuevas instalaciones en proyecto-, lo que provoca un sustancial descenso de sus ingresos. Para la Xunta, esta novedad normativa supone un radical cambio con respecto al modelo anterior además de perjudicar al sector de las renovables.

"El Gobierno gallego considera que la nueva norma, al eliminar las primas a las renovables introduciendo el concepto de retribución específica, penaliza la producción eléctrica mediante renovables y configura un marco normativo que difiere sustancialmente del que había hasta el momento", argumenta la Consellería de Industria.

El departamento de Francisco Conde aboga por un sistema retributivo "consensuado" que impulse las tecnologías renovables más eficientes y por eso, apela a un "diálogo constructivo" para conseguir el "mejor escenario posible" a través de la Comisión Bilateral de Cooperación Gobierno central-Xunta. Este es la fórmula que se habilita cuando una de las administraciones tiene dudas sobre la constitucionalidad de una norma de la otra. Entonces se da un aviso al Constitucional del conflicto y se abre una negociación bilateral, que tiene un plazo máximo de seis meses para llegar a un acuerdo. Si no se consigue, la Xunta, en este caso, tiene la opción de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Otro punto de conflicto es el concepto de rentabilidad global de la vida útil de las instalaciones renovables, según la cual cobrarán por vender electricidad de tal forma que se se obtenga una rentabilidad del 7,5%, no más. El problema que le ve la Xunta es que este modelo también se aplicará a los parques eólicos que ya están funcionando en Galicia e implicará que algunos promotores que superan ese nivel de rentabilidad -por una elevada producción de electricidad- en vez cobrar, tendrían que pagar a la Administración por haber superado el umbral de beneficios mientras el aerogenerador no agote su vida útil. "Posibilidad que la Xunta no considera procedente", se queja Industria.

Aunque el Gobierno autonómico dice que comparte el objetivo de Soria de paliar el déficit de tarifa, sostiene que "debe ir en paralelo a la defensa de los intereses de Galicia, de sus consumidores y de sus empresas".

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