La disposición del FROB a resolver cualquier duda que los potenciales compradores de Novagalicia tengan en este mes habilitado para que echen sus propias cuentas en función de lo que BNP Paribas muestra en su radiografía de las tripas del negocio va mucho más allá de un plazo para simples aclaraciones. De hecho, de la respuesta de los candidatos dependerá la apertura formal de la subasta. Que, por cierto, todo el sector da por hecho. En estas semanas, lo que hay sobre la mesa es una auténtica negociación sobre cuáles son los puntos fuertes de la entidad, cuáles los débiles y cómo afrontarlos para llegar a la delicada cuestión del precio. El organismo en el que se sienta el Banco de España y el Gobierno insiste en que la venta afectará al 100% del capital, con lo que afectará también a las participaciones que controlan en este momento el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y los clientes mayoristas y minoristas que no pudieron, o no quisieron, hacer líquidos los títulos recibidos en el canje de preferentes y subordinadas. La solución para ellos "va a depender del comprador", según apuntan fuentes del FROB, que confirman que ésta será una de las cosas a tratar en las conversaciones con los interesados en la puja.

El FROB controló la totalidad del accionariado de NCG tras la operación acordeón impulsada para la inyección de 5.400 millones de euros del préstamo europeo. La veintena de empresarios gallegos y la antigua caja perdieron sus paquetes porque también a ellos les correspondía asumir parte de las cargas del rescato al banco. En julio llegó la ampliación necesaria abrir el accionariado a los afectados por los híbridos comercializados por Caixanova y Caixa Galicia. Después de la compra de acciones al colectivo, el FGD, que depende de las aportaciones del propio sector, se quedó con un 26% del capital. Otro 2% está en manos de minoristas, un 7% en inversores especializados; y un 2% en autocartera de NCG. El FROB mantiene un 63%.

Al igual que ocurrió en la subasta de Banco Gallego, el FROB dispone de plenos poderes para instar al resto de accionistas de NCG a desprenderse de su capital. Teóricamente, en una operación mercantil común, cada uno recibiría su correspondiente trozo del pastel. Con lo que los alrededor de 1.500 millones de euros a los que aspira el organismo -su director general, Antonio Carrascosa, ponía el miércoles como ejemplo de precio razonable lo ocurrido con EVO, por el que Apollo pagó 60 millones de euros, el 55% del valor en libros- se distribuirían proporcionalmente. El Estado realmente ingresaría unos 975 millones de euros, frente a los más de 9.000 millones que acumula NCG en ayudas públicas. Pero el FROB incluye las compensaciones posibles al resto de accionistas en las condiciones de la oferta que se haga por parte de los, en principio, seis interesados en la operación. La opción de que haya socios que se queden, o que reciban acciones del comprador, en caso de que se trate de un banco.

La incógnita sobre quién es el sexto interesado en la subasta -Santander, BBVA, Caixabank, Popular y el fondo Guggenheim son los seguros- ya lo es menos. Después de la negativa rotunda a FARO de Sabadell, Kutxabank e Ibercaja, Bankinter remite a la entrevista reciente de su consejera delegada, María Dolores Dancausa, en la que destacaba que la entidad no tenía "ninguna intención" de acudir a las pujas. Todas las miradas están puestas en Unicaja, que eludió confirmar o desmentir su presencia en la operación, con el matiz de que están "centrados" en la adquisición de Ceiss.