Gobierno y Xunta vigilarán con lupa los gastos de los ayuntamientos. La fusión forzosa, el traspaso de competencias a las diputaciones y la restricción de ayudas a los concellos con déficit son algunas de las medidas que el Ministerio de Hacienda ha incorporado a la versión definitiva de la reforma local, aprobada el viernes por el Consejo de Ministros. Tal y como ya avanzó el fin de semana este periódico, los consistorios en números rojos tendrán que elaborar un plan de ajuste económico-financiero, cuya aplicación será vigilada por las diputaciones, pero además deberán presentar un "plan de fusión con el municipio colindante". La obligación de dar a conocer el coste de sus servicios será determinante para hacerse con subvenciones.
Aunque Hacienda ha decidido eliminar uno de los aspectos más polémicos de la reforma, el coste estándar -el precio máximo al que los ayuntamientos debían garantizar sus servicios-, finalmente el llamado coste efectivo será tenido en cuenta por las administraciones en el reparto de ayudas. "El Estado y la comunidad -recoge la ley- pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis del los costes efectivos de los servicios de los municipios". Este coste debe ser calculado por los concellos antes del 1 de noviembre de cada años, un dato que deberán remitir a Hacienda para su posterior publicación.
