El PP inició ayer una ofensiva para minimizar el impacto del copago farmacéutico en función de la renta que obligará a la mayor parte de jubilados a abonar entre 8 y 18 euros mensuales por unas medicinas hasta ahora gratuitas. "Al pensionista que más le van a costar las medicinas al mes van a ser ocho euros. Ocho euros son cuatro cafés, un café a la semana, 20 céntimos al día", comparó ayer el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, también portavoz del PP en sanidad, en la Cope.

Las comparaciones no quedaron ahí el mismo día en que el PP anunció una campaña explicativa para justificar sus medidas: sus cargos en todas las comunidades se movilizarán, al tiempo que se emitirán anuncios en medios y se repartirán octavillas. El objetivo es justificar los recortes: se hace para crear empleo y ahorrar, resumió ayer el número 3 del partido, Carlos Floriano.

De momento, ayer no solo Echániz recurrió a las comparaciones. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, optó por la misma estrategia discursiva. "Creo que da para seis periódicos. Y yo no soy fumadora pero alguien me decía que con eso [los ocho euros] se compran dos paquetes y medio de tabaco, no se compran tres. Podríamos seguir poniendo ejemplos", declaró a la Cadena Ser.

El copago, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, provocará que 730.000 jubilados gallegos abonen un máximo de entre 8 y 18 euros en función de si superan una renta de 18.000 euros anuales. Las pensiones no contributivas y los parados que hayan agotado prestaciones no pagarán nada. El resto de trabajadores pagará un 10% más.

El PP también justificó el copago a nivel institucional. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebró en un acto en Santiago la búsqueda de soluciones para "blindar" la asistencia sanitaria "sin coste adicional" y pagando, como él proponía, medicamentos en función de la renta.

Por su parte, La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, considera esta medida "más equitativa" porque "pagan más los que más tienen para que paguen menos los que menos tienen". "La gente que menos dinero tiene no va a aportar nada", defendió. La ministra de Sanidad, Ana Mato, lamentó haber aplicado la medida, pero la justificó por la gestión de Zapatero: "La herencia recibida hace que sea inviable no hacerla".

La oposición, sin embargo, mantuvo su rechazo tajante, anunciando un período de confrontación. El secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, anunció su oposición a esta política que supone una "ofensiva contra el sistema público" sin resolver "prácticamente ningún problema económico". Según sus cálculos, los pensionistas gallegos abonarán entre 60 y 65 millones de euros. "Casi no resuelve nada", zanjó antes de anunciar una campaña "puerta a puerta" contra la medida. Además, la secretaria de Organización de su partido, Elena Valenciano, calificó de "cruel" a Echániz por su comparación del copago con el precio de cuatro cafés. "La gente está pasando de la incertidumbre al miedo", aseguró sobre la reacción a los recortes del Ejecutivo de Rajoy.

El BNG también elevó el tono de sus críticas a "un impuesto a la enfermedad" que pretende "esquilmar" a los jubilados. El portavoz nacional de la formación, Guillerme Vázquez, alertó de que estas recetas van más allá de la cifra de 8 ó 18 euros y denunció que la pretensión del "PP y de los mercaderes es acabar con el sistema sanitario público", lo que supondrá que habrá una sanidad de "beneficencia" y otra para los que puedan pagar.

Los sindicatos se sumaron a las críticas. CCOO considera que el copago "no garantizará" la sostenibilidad del sistema sanitario y UGT lo tachó de "injusto". CSIF también se opuso. Además, la asociación de consumidores Facua criticó al PP por su comparación del copago con el precio del café. "Invito al señor Echániz a intentar vivir con 400 euros al mes, que es lo que cobran muchos pensionistas, a ver cuántos cafés es capaz de tomarse él", protestó su portavoz, Rubén Sánchez.

Por otro lado, la Generalitat catalana anunció ayer que mantendrá el pago de un euro por receta implantado hace unos meses, pues considera "insuficientes" las medidas aplicadas por el Gobierno central. Por su parte, Navarra y Canarias rechazaron el copago.