Los médicos de Pontevedra cargaron ayer contra la política de la Consellería de Sanidade por "imponer limitaciones a la libertad de prescripción" y atacar así su "independencia" y "criterio científico" con la orden que ha enviado a los hospitales de la comunidad para que los facultativos limiten la receta de medicamentos novedosos por debajo del 1,5%. En caso contrario, los penalizará mediante la retirada del complemento de productividad variable.

El Colegio de Médicos reaccionó ayer a esta iniciativa con virulencia y exigió al departamento dirigido por Pilar Farjas que "rectifique de inmediato" y apoye una "política de defensa de la asistencia pública universal gratuita" a pesar de las "dificultades económicas" del Sistema Nacional de Salud y del Servizo Galego de Saúde.

Mediante un comunicado, el colegio presidido por Luis Villarino mostró sus quejas por "el desmedido empeño de la Consellería de Sanidade de vincular objetivos de prescripción médica a un complemento económico", al tiempo que cargó contra lo que considera "limitaciones" a su libertad para prescribir el fármaco más idóneo para la dolencia de cada enfermo.

La asociación lanzó sus críticas después de que este diario revelase recientemente las instrucciones que el departamento de Farjas, a través de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, ha remitido a los hospitales públicos para que los médicos limiten las recetas de fármacos novedosos, que son los más caros. Para cumplir ese objetivo, Sanidade enviará a los facultativos el resultado de sus indicadores de prescripciones durante los dos primeros meses del año para comprobar si se ajustan a sus exigencias: no superar el 1,5% del total. Estos "no han mostrado mayor eficacia que los [medicamentos] ya existentes y , sin embargo, han salido al mercado con un precio mayor", indica la instrucción de Sanidade.

Con esta medida, la Xunta insiste en su empeño de reducir la factura farmacéutica, a pesar de la suspensión que pesa sobre el catálogo de fármacos priorizado tras la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

Los médicos pontevedreses consideran que esta decisión, que repercutirá en sus retribuciones, "conculca el código deontológico" de la profesión y los "fines estatutarios" de la organización colegial, por lo que supone un "ataque a la independencia del médico y a su criterio científico" a la hora de recetar. La elección de "la mejor opción terapéutica para el paciente" es una cuestión de "responsabilidad civil profesional" y, por tanto, sólo es competencia del facultativo. Cada uno a lo suyo, piden. El Ejecutivo debe decidir "si puede y debe financiar" un medicamento novedoso y el médico "prescribirlo si existe una ventaja terapéutica demostrada para el paciente".

Por otra parte, los médicos pontevedreses salieron en defensa de su comportamiento ético después de que el periodista de investigación en salud, Miguel Jara, sostuviese en FARO que la mayoría de los facultativos en España se pliegan a las presiones de la industria farmacéutica, acusaciones que tachan de "deleznables y de una enorme vileza", así como "contrarias al código deontológico de la profesión".

El pasado domingo, Jara, en una entrevista en este diario, denunció que una parte del coste que supone para la industria farmacéutica el desarrollo de los medicamentos "se dedica a incentivar las recetas de médicos", lo que evidencia que la "corrupción está generalizada" en el sistema, una situación que conoce la Administración aunque "no hace nada".

El Colegio de Médicos de Pontevedra rechazó "frontalmente" estas acusaciones "gratuitas" por ser "falsas e indocumentadas", y pidió a la población que siga confiando en sus facultativos. Además, retó al citado periodista a acudir a la justicia si conoce casos en los que algún facultativo colabora "fuera de las normas éticas con los laboratorios farmacéuticos".

Finalmente, recuerdan que los médicos son responsables de que la sanidad en España "sea el servicio público mejor valorado por los ciudadanos".