05 de enero de 2011
05.01.2011

Los profesores podrán requisar objetos y su criterio prevalecerá frente al del alumno en caso de conflicto

La futura Ley de Convivencia Escolar abre la puerta a la Xunta para realizar consultas a las familias

05.01.2011 | 09:04

Los profesores gallegos tendrán por ley condición de "autoridad pública", lo que significa que contarán con protección jurídica específica y que su criterio prevalecerá frente al del alumno en caso de conflicto. Además contarán con amparo legal para requisar al alumno cualquier objeto peligroso o que no esté permitido por las normas del centro, como los móviles. Así se recoge en el borrador del proyecto de Ley de Convivencia y Participación en la Comunidad Educativa, que permitirá además a los colegios imponer el uso de uniforme y regular la utilización del velo, gorros u otras prendas.
Esta normativa abre también la puerta a que la Xunta pueda realizar consultas a los padres sobre la educación de sus hijos. El Gobierno gallego había intentado a través del decreto del plurilingüismo dar voz a los padres para que pudieran elegir la lengua en la que estudian sus hijos, pero las dudas jurídicas planteadas por el Consello Consultivo hicieron desistir a Educación de este propósito. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había anunciado entonces que para dar cobertura legal a su propuesta se regularía la participación de las familias a través de la futura Ley de Convivencia.
Y así aparece recogido en el borrador de esta normativa que habilita a la Administración gallega a realizar consultas a los padres empleando tanto "medios telemáticos como los medios de los mismos centros escolares".
Preguntado el conselleiro Jesús Vázquez sobre si la aprobación de esta ley permitirá realizar la consulta sobre el idioma a los padres el próximo curso, se limitó a señalar que "se podrán hacer muchos tipos de consultas, bien sean orientativas o vinculantes". El responsable de Educación eludió concretar si entre sus planes futuros estaba realizar el sondeo a las familias sobre el idioma. "Cumpliremos el programa electoral del PP", añadió.
La Xunta no dio plazos para la aprobación de esta norma, que ahora será trasladada al Observatorio de la Convivencia y al Consello Escolar. El secretario xeral de Educación, Jesús Oitavén, calcula, sin embargo, que en dos o tres meses será aprobada por el Consello de la Xunta y luego iniciará su tramitación en el Parlamento.
Galicia se sumará así a comunidades como Madrid o Valencia que ya cuentan con su propia ley para proteger al profesor. La condición de autoridad pública implica que los docentes –al igual que jueces o policías– contarán con una protección especial. La agresión a uno de ellos está tipificada por el Código Penal como atentado contra la autoridad con penas de prisión de dos a cuatro años. Además, tendrán presunción de veracidad, lo que significa que su palabra tiene más valor que la de un ciudadano de a pie.
La vestimenta es otro de los aspectos contemplados en la ley, aunque, en este caso, la Xunta solo marca unas pautas y deja en manos de los centros escolares las normas sobre el atuendo. Según el conselleiro de Educación, "son muchas las familias" que demandan el uso de uniforme en los centros públicos y, por esta razón, se favorecerá su uso, siempre que sea respaldado por el Consello Escolar, que también deberá pronunciarse sobre si se permiten otras prendas. "Hay atuendos contrarios a la dignidad de las personas", justificó Vázquez. Otras ropas, según explica, pueden atentar contra la integridad de los alumnos. "Como, por ejemplo, llevar prendas flojas en un módulo de FP en el que se trabaje con máquinas", ejemplificó el secretario xeral de Educación.
Otra de las novedades de la nueva ley será que se acortarán a la mitad los plazos para castigar a los alumnos. "Queremos que la sanción se adopte con carácter inmediato", comentó Vázquez. Si antes se tardaba dos meses en ejecutarla, ahora el alumno recibirá su castigo en menos de un mes.
Se intentará involucrar a las familias en la educación de sus hijos y, por esta razón la ley regulará los horarios para garantizar que los padres puedan hablar con los profesores en unas horas compatibles con sus obligaciones familiares y laborales.

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