La ola de incendios que asoló Galicia en agosto de 2006 trajo profundos cambios legales desde el punto de vista de la prevención. La ley aprobada por el bipartito en 2007 estableció nuevas obligaciones por parte de propietarios forestales y concellos, entre ellas, las de asumir la limpieza preventiva de montes, fincas e infraestructuras municipales para evitar que en caso de fuego se convirtieran en un polvorín. Para compensar este esfuerzo, la Xunta habilitó dos líneas de ayudas con la condición de que se llegase a la campaña de verano con los trabajos completados. Este año, sin embargo, habrá mucha más flexibilidad, hasta el punto de que Medio Rural permitirá ejecutar los trabajos de desbroce hasta el 30 de septiembre, una vez superada ya la época de máximo riesgo de incendios, con un monte, a juicio de los expertos, convertido en un polvorín y en un año que según las previsiones meteorológicas se prevé más seco de lo habitual.

La medida de Medio Rural significa que, en la práctica, habrá concellos que llegarán a la campaña de máximo riesgo sin los deberes hechos en materia preventiva, a pesar de que la norma de 2007 obliga a mantener limpias de maleza y especies pirófitas las fincas que rodean núcleos habitados y viviendas aisladas. A pesar de ser una obligación de los propietarios de estos terrenos, los concellos son responsables subsidiarios de ejecutar estos trabajos para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como la de agosto de 2006, cuando el fuego amenazó casas en más de mil ocasiones.

En el verano de 2007, el primero durante el que se aplicó la medida, 220 ayuntamientos suscribieron un convenio con la Xunta por el que la Administración se comprometía a sufragar parte de los gastos a condición de que los trabajos estuvieran terminados el 1 de junio. Las dificultades para completar la limpieza a tiempo obligaron a Medio Rural a autorizar una prórroga, hasta el 30 de junio, fecha en la que se declaró la campaña de máximo riesgo y a partir de la cual no se dieron más ayudas.

En el convenio de este año, sin embargo, la Xunta establece como fecha "límite" para que los concellos puedan beneficiarse de las subvenciones el 30 de septiembre, tres meses más que durante el primer año de aplicación de la norma.

Desde Medio Rural admiten que la "época idónea" para ejecutar estos trabajos de desbroce es "junio y julio" ya que en primavera se produce un "rebrote de la biomasa", pero "no habrá penalización" para los concellos que decidan posponerlos hasta la fecha límite. Además, añade que el objetivo es que estas zonas sensibles a los incendios permanezcan limpias "hasta el año que viene". La Xunta justifica la ampliación del plazo de ejecución hasta el final de la campaña de riesgo basándose en que "si surge alguna dificultad", los concellos "tengan tiempo suficiente para resolverla".

En total, 209 ayuntamientos –17 en Pontevedra– ya han suscrito el convenio para acceder a las ayudas para la limpieza de fincas y vías municipales, un capítulo dotado con 2,3 millones de euros, pero que Medio Rural prevé ampliar en otros 850.000. Los concellos recibirán 130 euros por cada hectárea forestal limpia, que desde la Fegamp ven "insuficiente" para cubrir los costes reales, que en algunos casos, dicen, ronda los 300.000 euros. A pocos días de la campaña de verano, Medio Rural admite que el convenio arrastra cierto retraso y que no puede precisar ni las condiciones ni el número de ayuntamientos que se adherirán.