El presidente de la Xunta en funciones, Emilio Pérez Touriño, informó hoy de que el Gobierno autonómico ha abierto un expediente sancionador al diputado del PPdeG Agustín Hernández por una falta de carácter "grave" al infringir supuestamente la Ley de Incompatibilidades.

Pérez Touriño hizo este anuncio a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Al ser interrogado si será el futuro Gobierno del PP quien resuelva dicho expediente, respondió que "dependerá del tiempo de resolución" del mismo. "Es una hipótesis razonable, pero ni lo confirmo ni lo desmiento", aseveró.

El expediente abierto por la Administración autonómica al diputado por Pontevedra Agustín Hernández se produce tras conocerse que ha sido contratado por una empresa privada supuestamente beneficiaria de adjudicaciones millonarias durante su etapa como director general de Obras Públicas con Manuel Fraga.

En opinión de Touriño, "estamos ante una infracción con carácter grave, resultante de una conducta reprobable y que debe ser reparada desde la función pública".

Según explicó el presidente en funciones, la falta grave supuestamente cometida por el diputado popular lleva implícita la inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un periodo de tres años.

Así, indicó que la naturaleza de la Ley de Incompatibilidades del año 1996 "no ofrece ninguna duda de interpretación", y explicó que su función es delimitar el ámbito de lo público y lo privado, y, por lo tanto, "evitar la colisión de intereses" entre dichos ámbitos.

Touriño censuró dicho comportamiento, pero fue más allá y criticó al futuro presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, de quien dijo que "avala" el comportamiento del diputado Agustín Hernández y que "incluso le parece positiva esta conducta".

"No es de recibo esta confusión manifiesta entre lo público y lo privado, ni por parte del señor diputado, ni mucho menos por parte de un candidato a presidir el país", enfatizó Touriño.

Además, indicó que el expediente ha sido abierto como se hubiera hecho "en cualquier otro caso".

Touriño recordó que la Ley de Incompatibilidades está en vigor desde el año 1996 y que afecta a los miembros del Gobierno gallego y a los altos cargos de la Administración autonómica.

Según explicó, dicha legislación establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese en la Administración pública, las personas a las que afecta dicha ley no podrán realizar actividades privadas relacionadas con materias sobre las que hubieran tratado como responsables públicos.

Touriño precisó que el actual Gobierno en funciones aprobó un decreto que además obliga a los altos cargos a aportar un escrito al Registro de Actividades informando de sus actividades futuras.