Los expertos calculan que uno de cada cien contratos de alquiler, sea un piso, un local comercial o una nave industrial, termina en los juzgados. Es la solución final a la que se ven abocados los propietarios para cobrar las rentas o recuperar la propiedad. Y lo que buscan, por norma general, es el desahucio, puesto que todas las negociaciones previas para tratar de llegar a un acuerdo fracasaron. Cada año, según los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, unos 1.400 propietarios de inmuebles denuncian ante los juzgados gallegos a sus inquilinos porque no les abonan el alquiler.
La cifra constituye el 92% de todos los casos judiciales abiertos en Galicia por litigios con el alquiler, donde ese 8% restante se corresponde con denuncias por daños causados a la propiedad, el subarriendo a terceros o la denegación de la prórroga del contrato.
En el conjunto de España, el pasado año acabaron en los tribunales algo más de 25.000 denuncias relacionadas con los arrendamientos urbanos, una cifra que va en descenso, aunque ligero, porque se están extendiendo los sistemas de resolución de conflictos por acuerdo entre las partes o tras recurrir a mecanismos alternativos como el arbitraje. La minuta que hay que pagar por la asistencia del procurador y del abogado más el año y medio que hay que esperar, como media, para que se dicte sentencia, resultan un estímulo para eludir la vía judicial.
Aún así, la comunidad gallega es una en la que los propietarios más acuden a los tribunales. Por número de denuncias, es la sexta con más litigios presentados, por detrás de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, todas ellas con una cantidad muy superior de viviendas destinadas al alquiler, tanto por su elevada población fija como por ser focos de atracción turística, con un impresionante mercado de segundas viviendas, o por ofrecer una oferta laboral muy superior a la de las demás autonomías.
Pero si hay una comunidad donde la falta de pago de los alquileres destaca sobremanera es en Cataluña, que con sus 5.700 denuncias ante los juzgado acapara más de la quinta parte de todas las presentadas en el conjunto del Estado.
Cifra estable
En el caso de Galicia, el número de litigios judiciales por impagos de los alquileres se mantiene más o menos estable en los últimos años. La variación es mínima. Y los expertos consideran que las cifras no cambiarán mucho este año a pesar de la crisis, debido a que, en caso de que surjan problemas económicos en un familia, es lo último que deja de pagar.
Lo que sí está provocando la crisis es un aumento de la dificultades para abonar las rentas por el alquiler de bajos comerciales, dado que se mantienen los precios de años anteriores con una evolución económica boyante en una situación, como la actual, donde el consumo se está reduciendo.
El recurso a la vía judicial es la última opción, tanto por sus resultados como por el largo proceso. Un estudio realizado sobre 10.000 sentencias dictadas en España revela que el plazo medio para echar a un moroso de una vivienda es de 18 meses y que la deuda media reclamada por el propietario, sumando las costas judiciales, asciende a 4.000 euros, una cantidad que no se cobra en la inmensa mayoría de las veces. Sólo las minutas del abogado y del procurador pueden sumar unos 1.500 euros, a condición de que durante el proceso judicial no surjan complicaciones.
