30 de julio de 2008
30.07.2008

PSdeG y BNG instan al tribunal de cuentas y a la fiscalía a investigar las irregularidades detectadas por Contas

Aymerich advierte a Touriño de que "redes clientelares hay, pero no en el BNG" y apunta al socialista Francisco Vázquez

30.07.2008 | 20:30

Los grupos parlamentarios del PSdeG y del BNG instaron hoy al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía, respectivamente, a investigar de oficio las irregularidades detectadas por el Consello de Contas con el fin de dilucidar responsabilidades ante el informe de este órgano fiscalizador referido a 2005, último año de gestión en el que participaron los 'populares'.


Tanto el viceportavoz parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, como el portavoz del grupo del BNG, Carlos Aymerich, manifestaron hoy en sendas ruedas de prensa su preocupación por las irregularidades constatadas en la concesiones de explotación de las eléctricas y por la situación de quiebra en la que se dejó a Xestur Ourense.


Leiceaga puso de manifiesto que "no es la primera vez que determinados nombres" aparecen en relación con la concesión de derechos de explotación de elementos de carácter natural, viento o aguas y apuntó que esta circunstancia "debería dar lugar a alguna actuación de oficio por parte de otras administraciones".


Asimismo, señaló que "hay un problema de planificación, descontrol y discrecionalidad" al respecto de Augas de Galicia en las que "no se utilizan criterios objetivos", lo que afecta al principio de competencia en el que "rezuma un aroma a negocio de intereses públicos a privados muy claro".


Por su parte, Carlos Aymerich precisó, en declaraciones a Europa Press, que los datos ofrecidos por Contas al respecto de las hidroeléctricas "ratifican que las adjudicaciones no atendían a condiciones ambientales y se hacían de forma no transparente". A modo de ejemplo, se refirió a que los representantes del Ayuntamiento de Ourol permitieron la "absorción" de la empresa pública (Hidroeléctrica Ourol S.L.) por parte de una firma privada mediante una ampliación de capital, que fue constituida por la sociedad Desarrollo Energético de Galicia S.L., administrada por la sociedad Luis de Valdivia S.L.

Redes clientelares

En su momento, la Fiscalía imputó un delito de tráfico de influencias al director xeral de Industria, Enerxía e Minas durante la última etapa de Fraga en la Xunta, Ramón Ordás Badía, por conceder siete parques eólicos y nueve minicentrales hidroeléctricas a su cuñado Luis Castro Valdivia, socio del presidente de la Confederación de Empresarios y de la mujer y los hijos del ex alcalde y embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez.


Precisamente, el ahora embajador en el Vaticano, su esposa e hijos son los accionistas de Iglevaz, recordó Aymerich, quien añadió que esta empresa es socia de Hidroeléctrica Arnoya S.L., sobre la que la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia abrió diligencias por posibles irregularidades, según recoge el informe de Contas.


Al respecto, Aymerich puso de manifiesto que esas "sí son redes clientelares", que "las hay, pero no precisamente en el BNG", en referencia a la acusación del presidente de la Xunta y secretario xeral del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, realizada en una comparecencia en el XI Congreso de los socialistas gallegos el pasado fin de semana. "Que yo sepa Francisco Vázquez no es del BNG, sino socialista", apostilló el diputado del Bloque.


Xestur

Por otro lado, Xaquín Fernández Leiceaga y Carlos Aymerich destacaron del informe del organismo fiscalizador la situación en la que estaba Xestur Ourense cuando el bipartito llegó al Gobierno de la Xunta, en 2005 y pusieron de manifiesto la "quiebra técnica" de este órgano de gestión de suelo.


El diputado nacionalista recordó un total 121 viviendas de protección oficial fueron vendidas en Pereiro de Aguiar (Ourense) "por debajo del precio real", lo que le supuso a esta sociedad anónima "medio millón de euros". Además, significó que la "mayoría fueron adjudicadas a personas del entorno del PPdeG que no estaban en situación de necesidad y que no las ocuparon".


En este sentido, preguntado por la crítica de Contas sobre que el bipartito amplió capital pero no puso detrás un plan financiero, Aymerich apuntó que "en su momento fue un plan de urgencia --por parte de la Consellería de Vivenda, gestionada por los nacionalistas-- y precisó que ahora "ya cuenta con un plan financiero".

Otras consideraciones

El viceportavoz parlamentario, Xaquín Fernández Leiceaga definió que el Consello de Contas ofrece "pruebas concluyentes" de que el PP tomó decisiones que iban "bastante más allá de lo que debería haber hecho durante un Gobierno de transición y en funciones".
Leiceaga consideró que el órgano fiscalizador ofrece una imagen de las actuaciones de la Xunta que ya daba en informes anteriores, con "una ausencia de planificación y un descontrol en la gestión que se ponen en evidencia una vez más".


Asimismo, el diputado socialista interpretó que la incorporación de Feijóo al cargo de vicepresidente de la Xunta "tuvo escaso efecto" sobre los mecanismos de gestión utilizados por el Gobierno, "ya que siguieron con los mismos errores y la misma vulneración de las prácticas de la Administración Pública".

Transporte escolar y absentismo

El diputado del BNG también se refirió a la oposición y le instó a "moderarse en sus críticas" hacia la sanidad gallega a la vista de la "herencia" y "dejadez" que mostró cuando estaba en el Gobierno de la Xunta, que "van en la pista de un negligencia absoluta" de los 'populares'.


Al respecto, puso de manifiesto que la gestión del PPdeG en esta materia dejó al Servizo Galego de Saúde con "más personal interino que en el cuadro de personal" y no atendió a "las incompatibilidades o a la exclusividad" de los trabajadores en este ámbito, entre otras cuestiones.


Carlos Aymerich, cuestionado por los 400 contratos de transporte escolar considerados irregulares por el Consello de Contas, señaló que el actual Gobierno de la Xunta "tiene que pagar" los contratos subscritos por el anterior Ejecutivo (del PP) y justificó que para derogarlos habría que "denunciar (las irregularidades) e indemnizar a la empresa, lo que es "discutible" desde el punto de vista económico.

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