R. Prieto / a coruña
La Xunta se propone acabar con el vacío legal en la gestión y tratamiento de los abonos orgánicos. Para ello, la Consellería de Medio Rural ya ha remitido a los Servicios Jurídicos el borrador de un decreto que regula dónde se puede depositar el estiércol producido por una explotación ganadera, en qué condiciones meteorológicas se debe hacer, qué días de la semana y qué tamaño deben tener las fosas para almacenar los residuos. Aunque el decreto no establece sanciones, remite a otras normas medioambientales que fijan multas de hasta 60.000 euros
El único control que en la actualidad se ejerce sobre los vertidos agroganaderos es cuando acarrean un delito ambiental. De lo contrario, los purines pueden verterse junto a la casa del vecino, en las proximidades de un río o de una fuente y en condiciones meteorológicas adversas. Ninguna ley, ni de ámbito autonómico ni nacional, lo prohíbe. Desde 1991, el sector se rige por un código de buenas prácticas, donde aparecen recogidas una serie de "recomendaciones" para evitar la contaminación de las aguas por la actividad ganadera. Pero su incumplimiento, no supone sanción administrativa alguna.
Este vacío legal también ha llevado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a dar un toque de atención a la Xunta por la falta de un plan de gestión y tratamiento de purines. En octubre del año pasado abrió una investigación -los resultados serán presentados este mes- para elaborar un mapa de riesgos sobre la incidencia de estos residuos.
