R. Prieto / A Coruña

Las quejas de la Fiscalía gallega por el excesivo e injustificado retraso del sumario del Prestige no han caído en saco roto. Dos magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se trasladaron ayer al Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, que asume la investigación del hundimiento del petrolero ocurrido hace ya más de cinco años, para hacer una inspección de carácter interno y comprobar su funcionamiento. En dos semanas, según fuentes del Poder Judicial, los dos jueces emitirán un informe sobre el estado procesal del caso. De concluir la existencia de "irregularidades" será remitido a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, que determinará si se debe abrir un expediente a la juez instructora, Carmen Veiras Suárez, por la lenta instrucción del sumario del Prestige, que acumula ya más de 50.000 folios.

Aunque el Poder Judicial califica la inspección de "rutinaria", fuentes del proceso advierten de que tiene como objetivo principal evaluar la lentitud en la instrucción y que está forzada por las denuncias de la Fiscalía gallega ante la falta de "medios técnicos y humanos" para evitar que la instrucción de caso se retrase aún más. El Poder Judicial establece cada año un plan de visitas a órganos judiciales para detectar posibles anomalías -para 2008 se fijaron un total de 488, de ellas 21 en Galicia-, a las que se añaden decenas de inspecciones más derivadas de las peticiones de los tribunales superiores de cada comunidad. Sin embargo, el CGPJ evitó comentar si la supervisión del juzgado de Corcubión ya estaba prevista o si, por el contrario, responde a la solicitud de amparo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La queja formal del fiscal superior, Carlos Varela, por el retraso "de hasta más de un año" en trámites jurídicos ordinarios en el sumario del Prestige se remitió al TSXG el pasado mes de abril. Además de solicitar más medios "técnicos y humanos", la Fiscalía gallega alerta en su informe de que las últimas decisiones de la juez -en alusión a la citación como imputado del representante legal de la sociedad norteamericana ABS, que certificó que el petrolero estaba en condiciones de navegar- "abocan al fracaso la procelosa instrucción" del caso y es posible la caducidad de alguna de la medidas cautelares ya dictadas.

A las críticas de Carlos Varela se sumaron las del fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García, quien advirtió de que la causa dura "demasiado" porque la lleva un juzgado "muy pequeño", y del presidente del TSXG, Antonio González Nieto, al asegurar que "no es normal" que un caso como este lo lleve únicamente "un juez con cuatro funcionarios".